Debido a que la obra está “semiparalizada”, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Celso Rodríguez González, informó que ya pidieron al gobernador, Emilio González Márquez, que les ceda la administración de los trabajos de la Ciudad Judicial, a fin de concluirlos a la brevedad.
Entrevistado al concluir la sesión solemne en la que se celebró el 187 aniversario del STJE, el titular de ese poder dijo que en la Ciudad Judicial se gastaron ya 600 millones de pesos y se requieren otros 300 millones más para finalizar los trabajos de los edificios donde estarán en operación 33 juzgados: “La obra está semiparalizada por falta de recursos y estamos platicando con el Ejecutivo, a efecto de que le aporte recursos para que nos los entregue. El objetivo es terminarla ya, con una administración directa, tanto de los recursos como de los terminados de la Ciudad Judicial”.
Por lo pronto, de los 33 juzgados, 18 están ya terminados y lo más seguro es que en el mes de enero próximo se pueda comenzar el traslado del personal hacia el nuevo inmueble: “Esto tiene que ser rápido, porque recuerden que en un principio el proyecto era terminarlo entre 400 o 500 millones de pesos, pero como no se licitaron a tiempo las obras y se hicieron primero con 50 o 60 millones de pesos, los precios se fueron hacia arriba y no pudimos terminar la Ciudad Judicial”, según dijo.
Actualmente, la obra ubicada junto a Periférico Poniente, en las inmediaciones del estadio Omnilife, registra un avance de 85 por ciento. A los juzgados falta equiparlos y concluir los acabados, indicó el entrevistado.
Por otro lado, durante su intervención ante diputados locales, alcaldes, integrantes del Poder Judicial y del secretario de Gobierno, Fernando Guzmán, el magistrado presidente expresó que al Poder Judicial se le debe asignar 2 por ciento del total del presupuesto del estado, lo que equivale a 1,400 millones de pesos anuales, con lo que se garantizaría la autonomía de quienes imparten justicia en el estado.
“En Jalisco resulta de vital importancia la asignación de un presupuesto constitucional que garantice la autonomía del Poder Judicial y permita planificar sobre base cierta los gastos de financiamiento anual ordinario, la modernización tecnológica y el crecimiento de los órganos jurisdiccionales”, subrayó.
Además, señaló que los magistrados tendrían que ser nombrados por el propio Poder Judicial y no por el Congreso local.