El destino de 250 millones de pesos de la deuda de 400 millones contratada de último momento por el alcalde saliente de Tonalá, Jorge Vizcarra Mayorga, es un misterio, pues el anterior acreedor de este gobierno, Grupo Financiero Interacciones, dio a conocer ayer que no ha recibido pago alguno.
El alcalde panista Jorge Vizcarra informó el jueves 31 al nuevo tesorero municipal, Ramón Esparza Sezate, que se habían contratado 400 millones de pesos para liquidar el adeudo anterior con Interacciones, y el resto (150 millones) para pagar deudas a proveedores y contratistas. Pero no hay documentos que confirmen y den soporte a dichos pagos, según informó este lunes Jesús Alvarado, director Jurídico del gobierno municipal tonalteca.
Esto fue confirmado por el actual presidente municipal Antonio Mateos Nuño, quien en el marco de la presentación del nuevo director de Seguridad Pública municipal aseguró que el contrato en donde se aprobaron los 400 millones para el endeudamiento del municipio no se ha encontrado y es probable que en los próximos días se inicie un procesos ante las irregularidades encontradas y que no se descarta no pagar ni un centavo a la empresa que facilitó los recursos.
Sin decirlo de manera abierta, comentó que ni los ex regidores de su partido le han hecho saber en qué y por qué se solicitaron los 400 millones, pese a que los mismos ediles habían criticado en reiteradas ocasiones el posible endeudamiento extra, que finalmente avalaron. “Un regidor me llamó esa noche [la de la sesión], pero para decirme algunas cosas que tenían que ver con la toma de protesta, pero no me informaron sobre este problema”, indicó Antonio Mateos.
De este modo, el monto principal del empréstito contratado por la anterior Administración panista de Tonalá, aparentemente el 16 de diciembre, es desconocido, pues en la Tesorería municipal no hay documentos que acrediten el uso y el destino de ese dinero.
De los 150 millones restantes, sólo se sabe por información oral del anterior gobierno, que se destinaron para el pago de proveedores y constructoras contratadas en las dos últimas semanas de la Administración; sin embargo, tampoco en este caso hay documentos que avalen los pagos, precisó el director Jurídico de Tonalá.
En resumen, la deuda de último momento contratada por el gobierno de Jorge Vizcarra con el Grupo Financiero Mifel, documentalmente es inexistente para el nuevo gobierno municipal.
Ante ello, el alcalde Antonio Mateos Nuño tratará de anular el contrato con el Grupo Financiero Mifel, y en segundo lugar, presentarán una denuncia penal por fraude a fin de investigar a fondo el destino de dicho empréstito.
Las actuales autoridades municipales han llegado a las siguientes conclusiones luego de revisar el caso, informó el director Jurídico del municipio: 1) no existe contrato que acredite la compromiso de adquirir una deuda por 400 mdp; 2) no existe documento que acredite a qué personas y por qué montos se utilizaron 250 mdp para el saldar un crédito anterior al Grupo Interacciones; 3) no existe un oficio del anterior alcalde al tesorero municipal donde le de instrucción para utilizar 150 mdp en el pago a contratistas y proveedores.
En resumen, documentalmente hablando, la deuda de 400 mdp es fantasma. Además de la falta de documentación financiera que confirme el destino de la deuda, hay un problema legal que consiste en la violación a una resolución del Tribunal Administrativo del Estado (TAE) que impedía contratar créditos al gobierno de Jorge Vizcarra. Esto debido al amparo que en octubre interpuso la regidora priista Gladys López Pitto. La violación a este amparo es un agravante que podría dar paso a la anulación del contrato de esta deuda, afirmó Jesús Alvarado.