El pasado 26 de agosto, el juez penal de primera instancia del distrito judicial de San Cristóbal de las Casas, José Luis Jiménez Quevedo, condenó a 32 años y medio de prisión al militar Moisés Alfaro Morales, culpable del asesinato de la indígena Sabina Patricia, su pareja, el 2 de abril de 2008.
El fallo se dio en San Cristóbal de las Casas e incluyó, además, que el sentenciado —con expediente penal número 34/08— pagara 36 mil 135 pesos por daño moral a los familiares de Sabina Patricia y 2 mil 970 por los gastos funerarios.
“Ahora podemos decir que el que asesine a una mujer se queda en la cárcel. Conseguimos una mejor sentencia del juez. Teníamos nuestras dudas, porque el homicida es militar y el caso podría tornarse más difícil”, dijo la abogada feminista Martha Figueroa, integrante del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (Colem), quien dio seguimiento al caso.
El de Sabina Patricia es uno de los mil 456 asesinatos contra mujeres que se han cometido en la entidad, pero “por lo menos en éste logramos que se hiciera justicia”, declaró la también integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
De acuerdo con datos de este observatorio, en los últimos cinco años, de mil 456 asesinatos cometidos contra mujeres en Chiapas, 86 por ciento ha quedado impune y sólo cuatro de cada 10 llegaron a juicio, con sentencia favorable para el agresor.
Según el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chiapas, a dos años de que se aprobara en la entidad la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los asesinatos continúan porque el Poder Judicial no atiende a las mujeres, que al exigir justicia se enfrentan a la violencia institucional. La situación se agudiza ante asesinatos cometidos por militares “que extienden la impunidad hasta sus casas”.
Los hechos
El 2 de abril de 2008, Sabina Patricia, de 24 años, estudiante del séptimo semestre de economía en la Universidad Autónoma de Chiapas, fue asesinada por Moisés Alfaro Morales, con quien procreó un hijo.
Patricia era una activista comunitaria, daba clases y vivía en casa de sus padres con su hijo de cinco años y su pareja. Por mucho tiempo fue víctima de violencia doméstica, que no denunció por las amenazas de Alfaro Morales de matar a sus padres si lo hacía, según testimonios de amistades y vecinos.
Decidida a cambiar, se mudó a otro domicilio. Su pareja siguió acosándola hasta que el 2 de abril de 2008, Alfaro la siguió hasta su casa y le pidió que regresara con él. Ante la negativa, la apuñaló y degolló.
No obstante que las versiones de los testigos y vecinos de Sabina integradas en la averiguación indican que el militar salió de su casa con el arma “sucia” en las manos, él, en sus declaraciones, sostuvo distintos dichos. En el primero, ante el Ministerio Público, aceptó haber asesinado a Sabina, lo que negó ante el juez penal de Primera Instancia, José Luis Jiménez Quevedo, quien se hizo cargo del caso.
El militar sabía usar armas. Movió el cadáver, manipuló pruebas —incluso escribió una “carta suicida”, supuestamente de Sabina— y se contradijo en su declaración. Además, las autoridades no recabaron más pruebas, por lo que para el movimiento organizado de mujeres de Chiapas existía la posibilidad de que la sentencia fuera en favor del inculpado.
Finalmente, Moisés Alfaro fue juzgado por el delito de homicidio de relación (cuando hay relación de pareja y existe violencia doméstica), cuya pena alcanza, en el estado, entre 20 y 50 años de cárcel.
Por tratarse de un militar, “costó mucho trabajo” que el juez aceptara el caso. Quería trasladarlo a la justicia militar, a lo que el Colem respondió que si bien el agresor pertenece al Ejército, el crimen lo cometió “en hora franca”, fuera de servicio y vestido de civil, explicó Martha Figueroa a Cimacnoticias.
“Nos deben el derecho a una vida libre de violencia. Nos deben una plena armonización de leyes, como la tipificación del delito de feminicidio como una forma extrema de violencia de género. ¿Por qué tenemos que acudir a instancias internacionales a buscar la justicia que aquí no encontramos?”, concluyó.
Reparación del daño
Luego del fallo, los grupos feministas organizados de Chiapas alertaron sobre la posibilidad de que, argumentando falta de pruebas, se dejara en libertad al agresor, quien apeló la sentencia.
Como parte de la reparación del daño, las activistas solicitaron que el estado chiapaneco se hiciera cargo de la rehabilitación mental de los familiares, incluido el hijo de Sabina: un niño de cinco años.
De acuerdo con Martha Figueroa, aunque condenaran a cien años al homicida, la vida de Sabina y el daño moral a sus familiares no pueden restituirse.
Lo mismo manifestó Angelina Marcelina Patishtan Martínez, madre de la víctima, al conocer el fallo: “Los años impuestos por el juez no valen la vida de mi hija”.
Web:
Mail:
Links:
[1] http://www.cimacnoticias.com
[2] mailto:cimac@laneta.apc.org