A una semana de que venza el plazo para que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos 2010, se refuerza la posibilidad de que el financiamiento a los partidos políticos –por más de tres mil millones de pesos previsto para el próximo año– quede “blindado” frente a la crisis económica y financiera que vive el país.
A siete días de que los diputados avalen el Presupuesto de Egresos y luego de los aumentos recién aprobados a impuestos como el IVA e ISR en la Ley de Ingresos 2010, ningún partido ha fijado su posición frente a la iniciativa presentada por el PAN el mes pasado para modificar la fórmula por la que se asignan los recursos a los institutos políticos, lo que podría llevarla a la congeladora legislativa.
Como lo dio a conocer MILENIO en agosto pasado, los partidos recibirán tres mil 29 millones de pesos como financiamiento público durante 2010 –proyectados con una inflación de 6 por ciento según el Instituto Federal Electoral (IFE)–, monto que representa 311 millones 707 mil pesos adicionales a los dos mil 717 millones 993 mil pesos que recibieron en 2008.
En entrevista con este diario, el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Javier Corral Jurado, dijo que hasta el momento los partidos de oposición no han fijado sus puntos de vista y dejó en claro que éstos gastan mucho más de lo que verdaderamente necesitan, situación a la que se agrega la opacidad en el uso de los recursos.
“Ahí va a estar un gran reto para los partidos políticos, para ver si somos consecuentes, en el ámbito de nuestro papel y nuestra función, en relación con el sacrificio que le hemos pedido a la población”, enfatizó.
El legislador panista afirmó que su partido ha dado algunos pasos en materia de austeridad para eliminar gastos superfluos y los demás grupos parlamentarios no dijeron “esta boca es mía”.
Detalló que, de cara a la conformación del Presupuesto de Egresos, al interior del órgano que preside, fue abordado el tema y se les solicitó al resto de los partidos –PRI, PRD, Convergencia, PT, Nueva Alianza y PVEM– definir claramente su posición respecto de la iniciativa que presentó el diputado César Nava, para reducir hasta en 50 por ciento los recursos de los institutos políticos, toda vez que la iniciativa tiene caducidad, que es el 15 de noviembre.
“Es el plazo para la aprobación del Presupuesto y no hay todavía respuesta a este planteamiento de los partidos políticos”, puntualizó.
Respecto de los tiempos legislativos, comentó que para lograr que entre en vigor de inmediato los cambios podrían realizarse desde el ámbito de la Federación, y lo que llevaría más tiempo es la homologación en las entidades federativas, pues se trata de una iniciativa de reforma constitucional que tendría que ser avalada por la mayoría de los Congresos locales.
Corral Jurado expresó que lo primero que se esperaría es saber si los partidos responderán afirmativamente a la propuesta panista para después elaborar el dictamen de reforma constitucional que de aprobarse, dijo, los ahorros serían redistribuidos por el gobierno federal hacia otras áreas.
El diputado federal consideró importante que la propuesta prospere antes de que concluya la discusión de presupuesto, pues los recursos tendrían que ser redistribuidos antes de su aprobación.
“Tiene que ver con una reducción con lo que vamos a aprobar el 15 de noviembre y ya tendría que está considerada”, comentó.
Tras recordar que el sistema electoral en nuestro país es muy caro, Corral Jurado enfatizó que la voluntad política de los partidos se puede expresar en un acuerdo, una reforma o una modificación, “si realmente lo van a hacer”.
“La gente espera de los partidos políticos, que acepten su propia palabra de austeridad, dijo.
Distribución
Según el artículo 78 del Cofipe, los recursos a distribuir entre los partidos políticos se determinarán anualmente y de forma invariable mediante una fórmula.
Ésta consiste en multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, el cual asciende a 77 millones 915 mil 262 ciudadanos, por el 65 por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal.