El pleno del Congreso del Estado acordó ayer devolver al Poder Ejecutivo la iniciativa de reforma al Poder Judicial, porque tiene contradicciones en la redacción con respecto a la facultad para proponer candidatos a magistrados.
De acuerdo con la lectura de la iniciativa enviada por el gobernador, a petición del diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Iván Argüelles Sánchez, en la propuesta de reforma del artículo 60 de la Constitución Política del estado se establece que será el Ejecutivo el que proponga a los magistrados.
En el mismo texto, pero en la propuesta para modificar el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se señala que la propuesta la hará el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
La iniciativa será devuelta al Ejecutivo para que haga las precisiones que crea convenientes. El jueves, el secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, ya confirmó que la intención es que sea el Ejecutivo el que proponga a los magistrados.
Sobre la aparición de un segundo documento, con sellos oficiales del Congreso del Estado, en el que la reforma a la Constitución también habla de que el STJE propondrá a los candidatos, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Salinas Osornio, dijo que tendría que abrirse una investigación para determinar si hubo falsificación de documentos oficiales, aunque “nomás no en Ciencias Forenses de Jalisco”.
Aseguró que en el Congreso hay “una sola iniciativa, que tiene una contradicción entre la Constitución y la propia ley”, a lo que se suman las declaraciones del presidente del STJE, Celso Rodríguez González, en el sentido de que sería este órgano el que proponga a los magistrados.
El líder de la bancada panista dijo que le pedirán al gobernador “que revise la redacción y ratifique cuál es la iniciativa que quiere que se discuta”. Al devolverse la iniciativa al gobernador, también se pedirá que fundamente jurídica y financieramente la propuesta para desaparecer el Consejo de la Judicatura. Esto, a sugerencia de la diputada por el PRI Verónica Martínez.
Salinas opinó que la desaparición del Consejo de la Judicatura no representará un ahorro económico, pues el personal y el gasto de operación pasarán íntegros al STJE.
También planteó que es contradictorio que se quiera liquidar a los consejeros con el total de los sueldos que debían percibir hasta que termine su nombramiento, cuando se supone que se les remueve porque hubo irregularidades en el organismo. “Lo más sano es presentar una denuncia contra los consejeros, no liquidarlos”.
Trabajadores protestan
Trabajadores del Poder Judicial se manifestaron la mañana de ayer en el Congreso del Estado para protestar por la intención del gobernador Emilio González de desaparecer el Consejo de la Judicatura.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, José de Jesús Muñoz Dueñas, señaló que se deben dejar a salvo los derechos de los trabajadores del Consejo General, especialmente en lo que se refiere a la inamovilidad, aportaciones de 100 por ciento a Pensiones y bases, “que en el Supremo Tribunal de Justicia todavía no existen”. Mencionó que, además, en la iniciativa se prevé la posibilidad de liquidaciones y, aunque sería con base en la ley, prefieren conservar sus trabajos.
Muñoz Dueñas consideró que sería mejor “una reestructuración al Consejo de la Judicatura”, porque, si bien perdió el sentido para el que fue creado, “también fue por culpa de los diputados y nada más hacen responsables a unos cuantos, cuando todos participaron. Todos le metieron mano”.