La suspensión definitiva que obtuvo el Sindicato Mexicano de Electricistas por parte de un juez da la razón a los trabajadores, afirmó el vocero de esa organización, Fernando Amezcua.
Aseguró que son 25 mil los electricistas que firmaron su amparo, cifra que no coincide con la de Javier Lozano, secretario del Trabajo, que es de 22 mil.
Señaló que “cada día son más grandes las mentiras” del funcionario sobre el número de liquidaciones.
“Tanto es el miedo que tienen estos señores que tratan de amenazar a la gente y decirle: ‘¡cobren, cobren, antes del 14!, incluso, sábado y domingo, y el 15’”, a pesar de que el plazo vencía antes, refirió.
En entrevista con Milenio Televisión, Amezcua aseguró que la mayoría de los trabajadores que acudieron por su liquidación recibieron sólo documentos para abrir cuentas bancarias y tener acceso a los recursos hasta abril de 2010.
Recordó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció la vigencia del contrato colectivo de trabajo del SME en la compañía de Luz y Fuerza del Centro.
El vocero sindical expresó que “el sindicato con toda paciencia esperará el dictamen de Junta” que, confió, será favorable para los trabajadores, quienes concretarán el paro nacional el próximo 11 de noviembre.
ALDF lleva controversia a la Corte
La Asamblea Legislativa del DF presentó ayer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
El vocero perredista en la ALDF, Alejandro Sánchez Camacho, llegó a las instalaciones de la Suprema Corte, donde afirmó que dicho decreto viola 14 artículos de la Constitución.
Mientras, José Luis Muñoz, también asambleísta del PRD y quien presentó el punto de acuerdo para llevar la controversia, aseguró que el artículo 105 de la Constitución faculta a la ALDF para presentar la controversia contra el decreto del Ejecutivo federal.
No obstante, el vicepresidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el panista Carlo Pizano, aclaró que dicho artículo señala que la ALDF puede promover controversias constitucionales, “pero en este caso no procede, porque la Asamblea Legislativa no tiene competencia respecto a las entidades federales paraestatales”. (México. Silvia Arellano)