Los gobernadores, con singulares e inexplicables excepciones, fueron el factor para que el Congreso incrementara los ingresos públicos. No fue una decisión sencilla, menos popular —no hay impuesto que agrade, sobre todo si es al consumo—, pero era una necesidad cuya gravedad sólo conoce quien padece el efecto del severo deterioro de los ingresos. El Presidente y el secretario de Hacienda, conjuntamente con los gobernadores, pudieron alcanzar un acuerdo fructífero porque la elección del 5 de julio modificó la integración del Congreso, otorgando un mayor poder a los mandatarios locales.
A contrapelo de las fuerzas e inercias históricas, el federalismo ha sido la forma legal del Estado mexicano. Democracia, federalismo y municipalismo han sido tres grandes aspiraciones del proyecto de nación. Sin embargo, la ley y la realidad corren cada una por su lado. No obstante sus problemas y limitaciones, un logro significativo ha sido alcanzar la democracia liberal, no así el federalismo y municipios autónomos, independientes y autosuficientes. La inercia del pasado se ha impuesto. La lucha cívica que hizo de la desconcentración del poder su causa inició desde la periferia; el PAN que la abanderó, ya en el poder, en más de una manera, se sumó al centralismo.
Los tres grandes partidos políticos no han podido dar pasos a formas desconcentradas de organización. En su interior persiste una lucha entre centro y regiones. En 2006, los candidatos presidenciales de PAN y PRD tuvieron efectiva fuerza y representatividad regional; en el PRI, los aspirantes de los estados no alcanzaron la candidatura. Ninguno de los partidos parece haberse decidido a territorializar su poder con normalidad organizativa.
El centralismo es estructural y está en la economía, la política, la cultura, la religión y en la demografía. Empero, el catálogo de líderes políticos de mayor densidad y calidad vienen de la lógica local, lo mismo de la izquierda que de la derecha. Se puede decir, que también en el PRI, lo más prometedor viene de la periferia. Antes, los mandatarios eran imposición del centro con severos fracasos políticos y electorales. No es el caso desde que el PRI resolvió abrirse a sus auténticos activos locales.
La comentocracia y la crónica ironizan sobre la gestión de gobernadores y alcaldes en la exigencia de recursos fiscales que son de todos, pero que la Federación recauda. Se olvida que los municipios y estados declinaron en su soberanía fiscal por una aspiración de homologación de reglas y una supuesta eficacia recaudatoria dentro de un esquema centralizado. Cuando los gobernadores y alcaldes vienen al centro, lo hacen para defender lo que les pertenece y exigen, con razón, un trato justo, sobre todo ahora que la integración de la Cámara de Diputados les ha dado una fuerza efectiva, cuyo origen fue el voto.
No es de extrañar que quien no gobierna —partido o un líder parlamentario de un partido que gobierna en lo local— no sea sensible al tema de la quiebra fiscal de los gobiernos estatales, federales y municipales. Es mendaz invocar la economía de las familias substrayéndose de una realidad de gobiernos sin capacidad para pagar los sueldos de sus empleados, profesores, médicos y enfermeras, policías o quienes son factor para el bienestar de las personas y la calidad de los servicios. Quien no gobierna se puede dar el lujo de eludir tales responsabilidades y dar rienda suelta a su demagogia, conducta más censurable en quien tiene posición de poder, información, trayectoria personal y posición legislativa o partidista para comprender el tema de las finanzas públicas y sus efectos en el bienestar social.
No es de extrañar el argumento contrario a las administraciones locales y municipales, fundado en el prejuicio de que no hay que darles recursos porque lo malgastan o desvían. Razonamiento del centralismo. Lo que se debe hacer es mejorar la rendición de cuentas, la calidad de los gobiernos y el control del gasto en lugar de remitir al abandono las haciendas estatales. Los gobiernos locales y municipales hipotéticamente gastan mejor, por la sencilla razón de que están insertos en la comunidad en la que operan. Ciertamente, hay una agenda de reformas para asegurar mayor transparencia, probidad y buenas prácticas en la operación del gasto, pero la cuestión es obligada: ¿lo hacen mejor los partidos políticos, el Congreso o las fracciones parlamentarias?, ¿las llamadas empresas públicas por la teneduría de su propiedad, también cumplen con la transparencia y rendición de cuentas?, ¿ocurre con las organizaciones civiles, instituciones religiosas o movimientos sociales?
La opacidad es el común denominador; lo importante es valorar el significado de gobiernos locales y municipios fuertes. Asimismo, qué debe hacerse para que tal fortaleza sea virtuosa a los fines del buen gobierno. Llama la atención que hace cinco años el Presidente y los gobernadores pudieron organizar una Convención Nacional Hacendaria que presentó conclusiones avaladas por todos. El acuerdo afectaba a la alta jerarquía del PRI y a algunos en el gobierno panista que veían en los gobernadores una amenaza en la disputa sucesoria. Aquellos tenían control del Congreso, por lo que fue omiso de un acuerdo histórico. Ahora se plantea una nueva Convención, y quienes a regañadientes tuvieron que votar por la Ley de Ingresos en el Senado y en el pasado se resistieron a un cambio hacendario importante, hablan de una reforma fiscal a fondo. ¿Por qué no empiezan a valorar las conclusiones de aquella Convención Nacional Hacendaria? Nadie se engaña, los tiempos sucesorios se aproximan y eso ha conspirado contra las buenas reformas, sobre todo, una que inevitablemente implicará costos y reclamos de los beneficiarios de un régimen hacendario ineficiente y con injustificadas excepciones.
El reencuentro del Ejecutivo federal con el poder político que detentan los gobernadores en el Congreso da para mucho. Si esto se hubiera identificado al momento de la alternancia, muchas de las reformas propuestas hoy serían realidad. El sentido de responsabilidad en el quehacer legislativo se hubiera acreditado a partir de la necesidad de dar respuesta a los problemas que se viven en el país, como ocurrió en días pasados con el tema de la crisis de las finanzas. Afortunadamente la democracia, con todas sus limitaciones, es cada vez más local. Hacia allá debe continuar la lucha federalista. La inercia centralista es poderosa, al menos ahora queda claro en esta nueva circunstancia del poder local, que sus más severos desafíos están en las finanzas públicas y sus más persistentes enemigos, en parte de la cúpula del Senado.