El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Rodolfo Campos Montejo, sostuvo que el combate al narcomenudeo “colapsará” las finanzas de los sistemas de justicia estatales, por lo que urgió a la Federación a otorgar mayores recursos para el combate al crimen organizado.
El también presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, afirmó que el Poder Judicial en los estados no cuenta con los recursos necesarios para atender los asuntos relacionados con el narcomenudeo, por lo que se urgió a destinar recursos para este propósito, ya que "de lo contrario puede colapsar nuestro sistema de justicia”.
Lo que no se vale, agregó, es que se deleguen cargas sin el correspondiente sustento económico, esto está y puede colapsar nuestro sistema de justicia que de por sí es muchas veces cuestionado por la sociedad en cuanto a la no prontitud y el trámite de los juicios”.
Detalló que la solicitud de mayor presupuesto se ha hecho extensiva “al secretario de Gobernación, al Procurador General de la República y con la Cámara de Diputados federal, porque entendemos que si hay una estrategia nacional para el combate al delito de mayor incidencia a nivel nacional que es el narcomenudeo, estamos en la mejor disposición
de coadyuvar en estas acciones y sumarnos a los trabajos”.
Entrevistado al final de los trabajos del XXXIII Congreso Nacional de
los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, explicó que la integración de procesos penales para narcomenudistas, además acarrea mayores riesgos para los jueces.
Según explicó, atrás de los lugares donde se comercializan sustancias prohibidas al menudeo, hay un distribuidor y una persona que se encarga de surtirlas y en consecuencia, "cada vez que cierre una tiendita, como coloquialmente se dice a los lugares donde se vende droga, estamos atentando contra los intereses del crimen organizado”.
Concluyó que la cantidad de recursos que se destinen a estas tareas deberán estar relacionados con la proporción de la población con que cuente cada entidad.
Evidentemente, finalizó, el DF y el Estado de México, en la misma proporción de su población está el índice de delitos, por lo que basado en ello se debe tratar de definir un monto (…) porque no se trata de pasar un problema que era competencia federal al fuero común, como lavándose las manos, creo que tenemos que actuar con suma responsabilidad”.