Los secuestros perpetrados por Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, les permitieron apoderarse de al menos 70 inmuebles en Tamaulipas, producto del pago de rescates que recibían a cambio de liberar a sus víctimas. Posteriormente las propiedades eran “legalizadas” a través de notarios públicos que estaban amenazados de muerte.
La Secretaría de Seguridad Pública federal detectó que los sicarios tenían sus bases de operaciones en Altamira, Ciudad Madero y Tampico, además de que “monopolizaron” el servicio de taxis, a cuyos choferes obligaban a fungir como informantes para neutralizar los operativos de autoridades y de grupos antagónicos.
Así lo reveló el coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito, Luis Cárdenas Palomino, durante la presentación de cuatro sospechosos que presuntamente forman parte de esta red criminal, a la que se atribuyen 10 plagios denunciados, “aunque se tiene conocimiento” de 37 víctimas más.
“Los presuntos secuestradores, mediante amenazas, extorsionaban a los empleados de notarías públicas para que legalizaran los inmuebles que les eran entregados como pago por la liberación de sus víctimas. Además, vendían firmas y sellos de las notarías a los llamados coyotes, con los cuales trabajaban realizando fraudes y compras ilícitas”, agregó el funcionario federal.
En conferencia de prensa, dijo que las víctimas que denunciaron los plagios eran empresarios, abogados, comerciantes, constructores, estudiantes y contratistas.
El pasado 4 de febrero fueron detenidos en Ciudad Madero Manuel Ulises Llanas Silva; Gerardo, Ángel Sierra Junco, El Negro; Brendo Skylab García, Brandon, ex empleado de Pemex, y Juan Antonio Olvera Gutiérrez, El Raro.
“A través de extorsiones y amenazas también reclutaron a un grupo de taxistas, a quienes obligaban a trabajar como informantes de las operaciones que realizaba la autoridad en Ciudad Madero”, señaló Cárdenas Palomino. En total han sido detenidos 10 presuntos miembros de la organización.
Durante cateos realizados con base en la orden número 547/2009, librada por el juez tercero federal penal especializado en cateos, arraigos e intervenciones telefónicas, se obtuvieron escrituras de inmuebles, facturas de vehículos, pagarés y diversos títulos de propiedad, hechos asentados en la acumulación de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/096/2008.
El funcionario federal sostuvo que con lujo de violencia interceptaban a sus víctimas cuando éstas se dirigían a lugares que visitaban frecuentemente, siendo llevados en sus propios vehículos para posteriormente cambiarlos a otros autos.