La agrupación Conciencia Cívica acusó al Consejo Estatal de Familia y al Instituto Cabañas de incurrir en “tráfico institucional” de menores de edad, al gestionar adopciones irregulares a través del contubernio entre este albergue infantil del estado y el organismo a cargo de la tutela de niños institucionalizados.
En una nueva conferencia de prensa sobre el actuar del consejo, Salvador Cosío Gaona y Juan Manuel Estrada, representantes de Conciencia Cívica, señalaron a la directora del Instituto Cabañas, María Amparo González Luna Morfín, de haber incurrido en un delito al cambiar los nombres e identidad de tres niños, dos hermanitos y un tercer pequeño, a quienes personalmente presentó en la Oficialía 02 del Registro Civil de Zapopan (sede Plaza del Sol) en el año 2002. La señora pudo obtener actas de nacimiento a pesar de no tener parentesco alguno con los niños ni haber presentado la orden de un juez que faculte a una persona distinta para el registro extemporáneo de menores.
El registro de los hermanos ocurrió el 15 de noviembre de 2002, según consta en las actas 3072 y 3074 del libro 16 que dan fe del nacimiento de “Jovan” y “Bryan” de apellidos Aguilar Peñaloza y quienes supuestamente nacieron el 24 de noviembre de 1997 y el 18 de diciembre de 1999, respectivamente. En blanco aparecen todos los espacios para datos de padre, madre, abuelos paternos y maternos. En ningún caso se presentó el certificado de nacimiento expedido por un hospital; sólo se acota que comparece “persona distinta”. El nombre y rúbrica de María Amparo González Luna Morfín, entonces de 68 años de edad y con domicilio en avenida Mariano Otero 2145, que es la del Instituto Cabañas. Las dos testigos dan la misma dirección.
Lo mismo se repite en el acta 3373, libro 17, expedida por la misma oficialía zapopana el 13 de diciembre de 2002, donde se registra el nacimiento de Juan Pablo Covarrubias Aguilar el 8 de octubre de 1999. El oficial del Registro Civil 2 es José María Mojica Ramírez.
Estrada Juárez sostuvo que Amparo González Luna “quitó el derecho a conocer sus orígenes” a estos tres menores de edad, con lo que está violando leyes nacionales y ordenamientos internacionales. Borró su historia “como si hubieran brotado del jardín” y “les puso el nombre que quiso”.
Lo anterior es parte del modus operandi que permite realizar adopciones ilícitas al Consejo de la Familia, actualmente dirigido por Claudia Corona Marseille, contra quien la agrupación presentó denuncia penal el 21 de octubre pasado. Empiezan por retener la custodia de menores de edad que son enviados al albergue de niños Instituto Cabañas, dirigido por Amparo González Luna —quien es tía de la secretaria ejecutiva del consejo— y, “al mismo tiempo que retienen a los niños, inician el proceso de pérdida de patria potestad”, apuntó Cosío Gaona.
La agrupación presentó ampliación de denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado, con pruebas aportadas por personal del propio Consejo de la Familia, el cual, a lo largo de varios años, ha traficado con menores de edad, actos “escandalosos e indignantes... que sólo ocurren en Jalisco” debido a una gran impunidad, concluyó.
Consejo de la Familia desacató orden del juez
Víctor García y su esposa no podían tener hijos. A los siete años de casados, buscaron la paternidad a través de la adopción, y se convirtieron en colaboradores y benefactores de un albergue donde, en marzo de 2008, se recibió a una bebé de 20 días de nacida, la cual fue abandonada por su madre biológica. La pequeña tenía problemas de motricidad, y la pareja se ofreció para llevarla los fines de semana a terapia de estimulación, a lo que se accedió tras reconocer su calidad moral. También se convirtieron en sus padrinos de bautizo. Así pasaron meses. Pero, cuando el Consejo Estatal de Familia (CEF) inició en mayo pasado el trámite de liberación jurídica para poder darla en adopción, no fueron considerados.
El organismo prohibió toda convivencia entre ellos y la niña, so pena de clausurar el albergue, y les entregó un oficio que especifica que, “por decisión del pleno, tomada el día 27 de agosto [2009], no es procedente la petición de custodia”. Ningún argumento contra ellos.
El CEF ordenó además el traslado de albergue de la niña y la pareja presentó una demanda de amparo para evitarlo, lo cual les concedió el juez segundo de lo civil. El CEF no acató la resolución y, al requerir al albergue para devolver a la menor de edad, se presentó Claudia Corona Marseille, secretaria ejecutiva del Consejo de Familia, acompañada del encargado de la Coordinación de Atención a Delitos Contra Menores, Pedro Haro, y el abogado del Consejo, Jesús Gudiño, ante el agente del Ministerio Público, donde se acordó que la niña fuera trasladada al Instituto Cabañas, que dirige María Amparo González Luna Morfín, tía de Corona.
La pareja apeló bajó la sospecha de que la nena fuera sustraída y el 17 de septiembre se decretó una nueva sentencia . El 19 de octubre pasado, el juez declaró “procedente y fundada la queja de violación a la suspensión provisional y a la definitiva mediante interlocutoria”, e instruyó al CEF para que, “en un término improrrogable de 24 horas, restituyera a la menor a la casa-hogar anterior”. El Consejo Estatal de Familia, otra vez, desacató la orden.