Amenazas, secuestros y extorsiones originaron que en los dos últimos años unos 15 mil empresarios abandonaran la Ciudad de México.
El mismo fenómeno provocó que en zonas limítrofes con municipios vecinos y tres delegaciones, asimismo, cerraran 50 comercios y otros tantos, desde enero, cancelaran su apertura.
Algunos de éstos han sido ametrallados, asegura Juan de Dios Barba Nava, presidente local de la Coparmex, quien reconoce que la crisis económica ha inducido el aumento de fraudes y abuso de confianza en compañías.
Entrevistado en el piso 51 de la Torre Mayor, el empresario comenta que la industria restaurantera se vio afectada a raíz de la epidemia de influenza y las medidas para combatirla en abril y mayo.
El consumo cayó 25 por ciento. “Ahorita estamos recuperando los niveles de actividad económica que se tenían antes de la emergencia sanitaria, pero ya para ese entonces traíamos 15 por ciento de caída con respecto al año pasado”.
En cuanto a las denuncias por abuso de confianza y fraude, el grado de impunidad es de 97 por ciento, pues primero “hay que convencer al Ministerio Público y después llevar ese juicio ante un juez de lo penal”, precisa Barba. “Solamente tres de cada 100 delitos terminan consignados ante un juez; de éstos, 1.7 salen libres y 1.3 son condenados”.
—¿Y cómo está eso de que los empresarios exigen seguridad para frenar el exilio?
—Si el dueño de una empresa se siente inseguro en la ciudad, buscará mejores alternativas. Algunos empresarios mantienen sus negocios en México y los controlan a distancia; otros llevaron sus inversiones al extranjero.
—¿Dónde hay más inseguridad y cuál es el número de empresarios que se han ido?
—Una estadística señala que cerca de 15 mil empresarios han salido de la Ciudad de México en los últimos dos años. Hay que entender que el empresario no nada más es aquel “gran empresario” que tiene miles de empleados, sino también el que tiene un empleado o trabaja por su cuenta. La inseguridad pública afecta todos los niveles.
—¿Qué incide más: extorsión o secuestro?
—Participamos en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia y tenemos la referencia de que puede haber cerca de 4 mil intentos mensuales de extorsión telefónica. De esos, 15 por ciento se ven extorsionados. Es decir, 600 personas al mes, cuando menos, son víctimas de chantaje.
—¿Y cuántos son
empresarios?
—Un aproximado de 25 por ciento.
—¿Eso ha provocado que algunos se vayan?
—Y que busquen otros lugares dónde invertir y que otros sean muy cautos para seguir invirtiendo en la ciudad; y está la contraparte: somos poco atractivos para la inversión extranjera. Ahora, dentro de todos los males, reconocemos que no hemos alcanzado los niveles de violencia que hay en otros lugares del país, y eso hace que el mismo tamaño de la ciudad mimetice a la persona.
—¿Qué pasa, entonces?
—Que muchos empresarios salieron de la ciudad y llegaron a poblaciones pequeñas o medianas del interior del país y se hicieron notar de inmediato por ser nuevos; la urbe, en cambio, es un monstruo tan grande que permite “ocultarse”.
—¿Dejaron de ser blanco?
—Dejamos de ser blanco específico, pero en cualquier momento somos blanco de la delincuencia común.
—¿Y no son blanco de la delincuencia organizada que exige cuotas?
—Sí, a unos kilómetros, en Tultitlán y Cuautitlán; en Ecatepec, con Gustavo A. Madero; en Naucalpan, frontera de Azcapotzalco, y la parte oriente, con Nezahualcóyotl e Iztapalapa. Hay casos de gente que es o se hace pasar por miembros de La Familia y otros grupos delictivos.
—¿Todos los afectados son de Coparmex?
—Estas denuncias de extorsión o intentos las tenemos de socios y no socios de Coparmex.
—¿Cuántas?
—En lo que va del año hemos recibido no menos de 50 reportes de intentos de extorsión en esa zona, incluso negocios que han sido baleados por negarse a pagar. Hay municipios, como Cuautitlán y Tultitlán, donde han querido abrir negocios y dicen: “Si tú te instalas aquí, tienes que pagar”. La delincuencia aprovecha justamente los límites por los problemas de jurisdicción y acción de las policías.
“¿Quién en su sano juicio pondría un negocio en un lugar en donde, además de la incertidumbre de saber si va a funcionar, sabe que está siendo objeto de una extorsión por parte de la delincuencia organizada o por imitadores de la misma?”, remata Juan de Dios Barba Nava.