Como resultado de la audiencia pública realizada en Washington, Estados Unidos, en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo se comprometió a vigilar los procesos de cientos de represas que se edifican actualmente en América Latina con amenazas constantes a las garantías de las personas y daños ambientales severos.
Dicha audiencia se realizó el 2 de noviembre, y participaron luchadores sociales que se enfrentan a diversas obras de infraestructura impuestas, como es el caso de El Zapotillo, en Los Altos de Jalisco.
La base fue un informe de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y International Rivers, donde documentan “los daños graves para los derechos humanos y el ambiente causados por grandes represas, incluyendo afectaciones a la salud humana, desplazamientos forzados, falta de acceso a la información y la justicia, y la producción masiva de gases de efecto invernadero por grandes embalses tropicales”.
“Hemos visto sistemáticamente que los proyectos de grandes represas no están considerando evaluaciones integrales de impactos sociales, ambientales y en derechos humanos, ni las alternativas posibles,” explicó Astrid Puentes, de AIDA.
“No respetan a nuestro derecho a la participación pública”, planteó por su parte el sacerdote católico Gabriel Espinoza Íñiguez, representante de familias afectadas por la edificación de El Zapotillo. “El representante del estado [de Jalisco] nos dijo: ‘O se salen o se ahogan. Les vamos a comprar salvavidas y lanchas para que no se preocupen’”, explicó el presbítero en su testimonio.
Durante la audiencia, Rafael González, vicepresidente de AIDA, resaltó la importancia del interés de la CIDH en la problemática, que afecta a toda la región: “Es particularmente importante que la CIDH pueda formular recomendaciones a los Estados para que apliquen estándares internacionales, implementen evaluaciones integrales y ejerzan mayor fiscalización”.