Escuchar decir a consejeros de inversión foránea que México ha dejado de ser atractivo para sus clientes, ya no es una novedad. Es más, ya es frecuente.
Las cifras de inversión extranjera directa así lo corroboran: De los 22 mil 481 millones de dólares en 2008, se pasará a un estimado de 14 mil 969 millones en este año y quizá poco más de 17 mil millones de dólares para 2010, muy pocos dólares para una economía que hasta hace algunos años presumía ser el imán de las inversiones en América Latina. Brasil nos ha reemplazado en esa figura; sus cifras de inversión extranjera sencillamente duplican a las nuestras.
México se convirtió en un país gris para la inversión. La razón mas frecuente que se escucha de boca de los inversionistas es que “es un país en donde no pasa nada”. Las grandes oportunidades están paralizadas.
Esa explicación tampoco es una novedad, pero es terriblemente cierta. México es el mejor ejemplo de una nación en la que los desacuerdos políticos permanentes provocan cuantiosas pérdidas en la generación de riqueza. De ese asunto nos ocuparemos en otro momento.
Lo importante ahora es enfatizar en que las decisiones políticas tienen consecuencias directas sobre el ánimo y la marcha de la actividad económica del país. Y allí hay una responsabilidad que no se ha asumido.
Las decisiones económicas no se toman en el vacío. Son producto del sentimiento y de las expectativas sobre el futuro inmediato por parte de empresarios, inversionistas financieros y, por supuesto, consumidores. Ese “clima de negocios” se enrarece o se fortalece dependiendo del marco de confianza que ofrecen las decisiones de políticas públicas. Decisiones que en los últimos años y semanas han enrarecido aún más el clima para la inversión y el consumo en el país. De esto dan cuenta los resultados de la última encuesta entre especialistas económicos que realiza el Banco de México mensualmente.
En esta ocasión llama la atención que —a diferencia de las encuestas anteriores— los factores de preocupación y de formación de expectativas tienen que ver, no tanto con la crisis económica global, sino más bien con factores de la política y de la economía internas. En octubre los expertos y asesores empresariales mostraron preocupación por la falta de cambios estructurales en el país (25 por ciento), la debilidad del mercado interno (13 por ciento), la política fiscal que se está instrumentando (11 por ciento) y la incertidumbre económica y política del país (15 por ciento).
Todo esto se refleja en desconfianza hacia el futuro inmediato. Un tercio de los encuestados a finales de octubre pensaba que la economía no mejorará en los próximos seis meses, cuando en septiembre más de 90 por ciento creía que sí lo haría. Ahora sólo 57 por ciento piensa que mejorará el clima de negocios para las empresas, cuando el mes pasado ese porcentaje llegó a 74 por ciento. De hecho ha sido la primera vez, desde febrero pasado, en que el índice de confianza cae.
La conclusión es directa: los desacuerdos políticos son un factor de desestabilización de la confianza de los agentes económicos, llámese empresarios, inversionistas o consumidores. El arreglo político ya no es una opción, es un imperativo.