Los partidos políticos podrían recibir 43 por ciento menos de recursos a partir del próximo año, si prospera la iniciativa de reformas a la Constitución que envió el gobernador Emilio González Márquez al Congreso del Estado.
En su propuesta, el mandatario estatal plantea que se modifiquen “los parámetros que sirven de referencia para determinar el monto de los recursos que sean entregados a los partidos políticos en el desempeño de sus actividades ordinarias permanentes”.
Al ajustarse el año pasado la legislación electoral local a la federal, los partidos políticos acordaron utilizar la misma fórmula que se empleó a escala nacional para calcular los recursos públicos que les corresponden. Esto permitió que sus ingresos se incrementaran este año electoral más de 500 por ciento.
Bajo el argumento de que la crisis económica que enfrenta el país no permite que en un año no electoral se continúe con la entrega de recursos en los mismos términos, el gobernador propuso que el número de electores inscritos en el padrón se multiplique por 35 por ciento del salario mínimo vigente para la zona metropolitana de Guadalajara, en lugar de 65 por ciento, como se establece actualmente en la Constitución.
En la exposición de motivos, se afirma que con el cambio de la fórmula para calcular la entrega de recursos públicos el año pasado, la erogación en 2008 aumento de 31.2 millones de pesos a 141 millones, lo que representa un incremento de 350 por ciento, a pesar de ser año no electoral.
Con la reforma propuesta por el gobernador, los ingresos del próximo año para los partidos, en el que tampoco habría elecciones, serían de alrededor de 79.5 millones de pesos, con lo que “no se afecta la operatividad de los partidos políticos, pues su presupuesto será casi por más del doble con lo que funcionaban en años anteriores”.
Como consecuencia de la modificación de la fórmula, también se ajustarían las cantidades que reciben los partidos para actividades específicas, así como para la obtención del voto en año electoral.
Lo que no cambia es el sistema de distribución que prevé que 30 por ciento de los recursos se repartan por igual y el resto con base en la votación obtenida en la elección anterior de diputados locales.
Aunque los partidos han defendido el incremento en su financiamiento con la reforma federal, el gobierno del estado fundamenta su propuesta en la Constitución federal y jurisprudencias de la materia.