La justicia inició el proceso contra el último dictador argentino, Reynaldo Bignone, y otros seis ex militares y un ex policía acusados de 56 casos de secuestro, tortura y asesinato en Campo de Mayo.
Bignone está acusado de ser responsable de allanamientos ilegales, privaciones de la libertad y torturas cometidas entre 1976 y 1978 en distintas instalaciones de Campo de Mayo, una de las mayores guarniciones del ejército.
El ex presidente militar, de 81 años y quien cumple prisión preventiva domiciliaria, dio la orden en 1983 de destruir la documentación sobre violaciones a los derechos humanos cometidos en la última dictadura militar (1976-1983), según los informes oficiales.
El proceso contra los acusados se abrió en 2003 y ha tardado seis años en llegar a juicio oral, debido a distintas leyes e indultos que exculparon a los militares y que finalmente fueron anulados.
Bignone, quien fue presidente de facto entre 1982 y 1983, año en que traspasó el poder al mandatario elegido democráticamente Raúl Alfonsín, firmó la ley de amnistía para los implicados en desapariciones y homicidios, anulada después por el Parlamento. Junto a Bignone está acusado Santiago Omar Riveros, quien purga una condena a prisión perpetua por otros casos de violaciones a los derechos humanos.
El resto de los imputados son otros ex generales Eugenio Guañabens Perelló, Jorge García, Eduardo Alfredo Espósito y Fernando Exequiel Verplaetsen, quien fue jefe de inteligencia de Campo de Mayo; además están acusados el ex-coronel Carlos Alberto Tepedino y el ex comisario policial Germán Montenegro.