Más de 380 funcionarios federales, estatales y municipales han sido detenidos durante más de tres años de guerra contra el narcotráfico, debido a sus vínculos con organizaciones criminales, revela un informe de la Procuraduría General de la República, en el que se específica que los cárteles del Golfo y de Tijuana son los que tenían mayor número de reclutados.
Entre los servidores públicos capturados destacan un mayor del Ejército que pertenecía al Cuerpo de Guardias Presidenciales, titulares de la Dirección de Despliegue Regional de la AFI y de Interpol, directores de Inteligencia, subprocuradores, alcaldes y policías.
De acuerdo con datos de la dependencia, 215 detenidos colaboraban de manera directa con el cártel del Golfo y Los Zetas, ambos encabezados por Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca.
Algunos involucrados con esta agrupación delictiva son Marco Antonio Mejía López, ex director de la cárcel de Cancún y ex colaborador de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, y Francisco Gerardo Velasco Delgado, El Vikingo, ex director de la SSP del mismo ayuntamiento. A ambos se les relaciona con la ejecución del general Mauro Enrique Tello Quiñónez, crimen cometido en febrero pasado.
En la misma lista está incluido Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad de la Policía Federal; Nicolás Hernández Mendoza, ex delegado de la PGR en Quintana Roo, y el subdelegado de esa institución, Jesús Vega Romero.
En el mismo periodo fueron capturadas 67 personas relacionadas con el cártel de Tijuana. La mayoría son agentes de las policías estatales y municipales de Baja California, además de Heriberto Anaya Calderón, comandante de la Policía Federal Ministerial.
También se detuvo a 40 servidores públicos ligados a La Familia, entre ellos siete presidentes municipales de Michoacán: Genaro Guízar, de Apatzingán; Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec; Jairo Germán Rivas Páramo, de Arteaga; Antonio González Rodríguez, de Uruapan; José Luis Ávila Franco, de Ciudad Hidalgo; Adán Tafolla Ortiz, de Tumbiscatío, y Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, de Zitácuaro.
En ese mismo estado también se llevó a prisión a Citlalli Fernández González, asesora del gobernador Leonel Godoy Rangel.
Venta de protección
En relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, 29 funcionarios de primer nivel enfrentan en este momento procesos penales por favorecer a dicha organización criminal.
Destaca Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y el mayor del Ejército Arturo González Rodríguez, quien presuntamente vendió información de las secciones de Inteligencia y Planeación de la Sedena y de la Presidencia de la República.
Lo mismo ocurre con 20 funcionarios que daban protección al cártel de Sinaloa, que lideran Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. Resaltan Rodolfo de la Guardia García y Ricardo Gutiérrez Vargas, ex directores de Interpol-México.
En el informe se menciona que 11 funcionarios servían al cártel de Juárez, que dirige Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, aunque en total el número de narcofuncionarios asciende a 382.