Uno de los riesgos de la reforma judicial impulsada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, en la que se les da “manga ancha” a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y aprobada por la pasada Legislatura, de mayoría panista, era que sucediera lo que ya ocurrió el sábado pasado en Chiapas.
En esa entidad dos campesinos, pertenecientes a una organización opositora al gobierno fueron detenidos, acusados de varios delitos.
De acuerdo con la información en torno al caso, los dos líderes campesinos también fueron señalados como falsos “observadores internacionales” que utilizaban esta prerrogativa para distribuir armas y drogas, además de extorsionar a migrantes.
Roselio Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández, ambos indígenas pertenecientes a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) en el municipio Venustiano Carranza fueron capturados en sus domicilios la madrugada del sábado.
Tras la aprehensión se hicieron presentes en el lugar algunos de sus compañeros de la OCEZ y personal del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quienes denunciaron a su vez que con estas acciones el gobierno pretendía “criminalizar a las organizaciones sociales y a sus representantes”.
Ante esto, el gobierno chiapaneco soltó una versión, que a simple vista parece simplista, para explicar el hecho al asegurar que en realidad había sido otro de los dirigentes de la OCEZ que, según las autoridades "solicitó ser testigo protegido", quien dio la información necesaria para el arresto de Cruz González y de la Torre Hernández” al aseverar que ambos pertenecían a una célula de los Beltrán Leyva denominada “Los Pelones”, la que, dicho sea de paso, no tiene antecedentes de operar en esa zona.
Cabe recordar que ambos inculpados encabezaban una representación de la OCEZ en tierras que las comunidades indígenas de la zona ocuparon en 1994, el mismo año en que apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Testigos oculares del “operativo” para detener a ambos líderes señalaron que en la madrugada del sábado unos 200 policías vestidos de negro, encapuchados y armados, entraron violentamente a varios domicilios y se llevaron a los dos líderes.
Uno de los voceros indígenas identificado como Uverlaín Aguilar de la Cruz, afirmó a varios medios de comunicación que “la persecución del gobierno en contra nuestra se debe a la recuperación de las tierras que históricamente nos pertenecen, y nuestras únicas armas son el machete y el azadón. No entendemos por qué nos imputan esos delitos, sólo quieren desprestigiarnos por nuestra lucha social”.
Recordó que en septiembre José Manuel Hernández, otro líder de la OCEZ, fue detenido y trasladado a un penal de máxima seguridad, acusado de pertenecer a la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
El abogado defensor de los detenidos, Marcos López Pérez, dijo que a los dos indígenas, los agentes los vendaron, los ataron de manos y les pusieron una bolsa en la cabeza, “cuando se asfixiaban, agitaban una botella de agua mineral para que absorbieran las burbujas por la nariz, lo que provocó que se desmayaran varias veces, y luego los despertaban para que firmaran unos papeles”.
La situación se torna aún más irregular cuando, a más de 72 horas de la detención, la Procuraduría General de la República no ha informado puntualmente sobre los pormenores en que fueron aprehendidos los líderes de la OCEZ.
De esta forma el gobierno calderonista regresa a las prácticas de la represión que recuerdan los años en que gobernaba el país Gustavo
Díaz Ordaz cuando las voces opositoras eran acusadas de los delitos habidos y por haber, para ser encarceladas y calladas.
Entonces, los diputados federales, además de enmendar la agresiva Reforma Fiscal, el otro tema en el que tendrán que concentrar sus esfuerzos es en “parchar” las propuestas de Calderón en el tema de justicia penal en donde, entre otras cosas, un simple agente federal puede determinar la suerte de un ciudadano.
Aún más, la detención de estos dos indígenas, visibles opositores al gobierno, se llevó a cabo tan solo con la versión de dizque “un testigo protegido” y sin averiguación previa de por medio, lo cual a estas alturas, en donde se habla de un México “democrático”, simple y sencillamente es inaceptable.