El pasado 29 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal suspendió sus trabajos para elaborar un dictamen sobre una terna para encabezar la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Debían de haber trabajado en ello durante la mañana y tenerlo listo para ser votado en el transcurso de la jornada. Pero estaban metidos en otro tipo de cosas, politiquerías vulgares, y no tuvieron tiempo. En la noche, pues ya era de noche, lo aplazaron para un día después.
La Cámara de Diputados designó (29 de septiembre) a los presidentes de las 44 comisiones parlamentarias, y le entregó la cabeza de la de Derechos Humanos a Rubén Moreira, quien en realidad no estaba negociando esa responsabilidad, sino la presidencia de la Comisión de Educación. Los priistas tenían que acomodar las recomendaciones de los gobernadores, y como no le iban a dar Educación al gobernador de Coahuila, evidentemente se les hizo fácil encajar a un experto en elecciones sin experiencia en la defensa de las garantías individuales, las constitucionales, las libertades civiles, políticas, pero al final de cuentas su hermano, en la Comisión de los Derechos Humanos.
El lunes 28 de septiembre el Senado tenía que haber publicado la convocatoria que abre el proceso de candidaturas para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sin explicación alguna decidieron sacarla un día después, el martes. No hay sentimiento de urgencia en la materia.
Esto fue en la semana. En la anterior, se ratificó al nuevo procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, que por caprichosa coincidencia con la publicación del libro Los homicidios y las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez (1993-2009) de Raúl Plascencia Villanueva, es protagonista central en muchas de estas páginas sobre los homicidios y las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. El presidente Calderón lo nombró, pese a los antecedentes de mala gestión en la solución de los feminicidios cuando era, precisamente, procurador de Chihuahua. Los priistas, que tuvieron el voto definitorio en el Senado, lo aprobaron no porque les gustara, sino porque, en palabras de uno de ellos, “era el menos malo”.
¿Qué significa “el menos malo”? No hay definición que pueda entender nadie que le preocupen los derechos humanos. A la sociedad política, sin embargo, no parece importarle.
No le importa que casi 2 mujeres de cada 10 sean agredidas sexualmente en México, y que una tercera parte sea obligada a tener relaciones sexuales.
No le importa que el 29% de las mexicanas haya sufrido violencia económica.
Que el 38% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido insultos, amenazas, celotipia, intimidaciones, humillaciones, burlas, aislamiento.
Que en 9 de cada 10 casos de delitos sexuales, las mujeres sean víctimas, y que en robos sin violencia, 6 de cada 10 afectados sean también mujeres. La violencia contra la mujer es multicasual y multifuncional. Atravieza todas las clases sociales, sin importarle la religión, la educación o su raza.
El libro de Raúl Plascencia Villanueva es un informe contra la ignominia, y muestra claramente qué ha vivido Ciudad Juárez. La realidad, sin embargo, es que esa ciudad es arquetipo de una sociedad que vive plenamente en una cultura de la impunidad, lo que lleva a conductas sistemáticas de ilegalidad y complicidad.
Dice el estudio introductorio de este libro publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuyo autor, Raúl Plascencia Villanueva, realizó todo el trabajo jurídico, arqueológico inclusive, de esa herida que tenemos abierta en Juárez:
“El ejercicio pleno de los derechos fundamentales de todas las personas es condicionante para lograr la consolidación de la gobernalidad democrática, y mientras no existan políticas públicas que propicien el pleno reconocimiento de estos derechos, así como la protección de las garantías necesarias para su eficacia, no será factible lograr el desarrollo óptimo del potencial humano y la incorporación de las participaciones de los habitantes, necesarias para el progreso y el enriquecimiento social”.
En esta publicación el doctor José Luis Soberanes y el primer visitador de la CNDH Raúl Plascencia nos están demostrando fehacientemente que no hay gobernabilidad democrática y que Juárez no es una excepción, es un símbolo nefasto de la ciudad más peligrosa del mundo.
El Estado ha fracasado, hasta ahora, en desarrollar esas políticas públicas que reconozcan plenamente los derechos. Es insuficiente y deficiente, y ningún gobierno, en sus tres diferentes niveles, puede sentirse excluido.
La recopilación no conforma un libro. Es un arma contra la impunidad. Pero qué difícil es que esta arma cumpla su objetivo de concientizar, movilizar y cambiar el estado de cosas. No es un asunto sólo de los políticos, hay que subrayarlo, sino de la sociedad en su conjunto. Los derechos humanos, también tenemos que admitirlo en forma autocrítica, no son una prioridad para este Estado.
Es un instrumento de relaciones públicas, políticas y diplomáticas de los gobiernos y de los políticos. Es un gran tema para la retórica parlamentaria. Es, también, y hay que reconocerlo, un gran negocio para muchos individuos y organizaciones. Estamos en deuda con todos aquellos cuyos derechos son violados, aleatoria o sistemáticamente. Es decir, el Estado está en deuda con los mexicanos.