Él llega a la casa, lo dejan entrar, es buen mozo, es amigo de un amigo, es alguien que el padre conoció en una fiesta, es compadre de un primo. Él la mira, la enamora, le lleva flores y pronto sale a pasear con ella. Un día le pide que se vaya a vivir con él, le promete que juntos serán una pareja feliz, que apenas pueda se casará con ella. Ella accede y durante tres meses rentan una casa habitación en otro municipio o Estado que el de ella o se van a vivir con la familia de él o en casas donde cohabitan con otras parejas. De repente él le dice que si se prostituyera como pareja vivirían con mayor bienestar, a lo mejor comprarían un terreno y se construirían una casa para los dos, o iniciarían un negocio. Si ella accede, en menos de 76 horas él ya le proporciona el primer cliente de los 12 diarios que tendrá por los próximos meses o años. Si ella dice que no —el 88% de las mujeres se resiste— empieza a recibir amenazas de abandono “en un lugar donde nadie te conoce”, insultos, intimidaciones (“para tu familia ya no existes”), y golpes, siempre más fuertes, retiro de ropa y comida, la obliga a presenciar la golpiza o el asesinato de otra mujer “desobediente”, hasta que ella accede.
El enganchamiento de mujeres entre los 14 y 17 años —el rango de edad de mayor vulnerabilidad—, en la mayoría de los casos estudiantes de secundaria o preparatoria, de todos los estratos sociales, en México, un punto crítico de la red de trata de personas, se da por enamoramiento, por compra o por rapto. El 54% de las mujeres entrevistadas en 2005 por la Asociación para el Desarrollo Integral, A.C., en La Merced, zona de comercio y comercio sexual en la Ciudad de México, dijeron haberse iniciado en la prostitución entre los 15 y los 21 años, mediante engaños o amenazas de sus parejas, y el 32% dijo ser originaria de Tlaxcala y Puebla.
Según el documentadísimo trabajo sobre Trata de mujeres en Tlaxcala, coordinado por Patricia Olamendi, coadyuvado por el Primer Colegio de Sociólogos de Tlaxcala, y en el cual colaboraron Nadia Sierra, Laura Baptista, Bertha Castellanos, María Teresa Glase y Julio César Guillén, México ocupa el quinto lugar en América Latina (y el 28 a nivel mundial) como país de origen de la trata de personas, y en Tlaxcala la existencia de la red de lenones que la alimenta es un secreto a voces: casi todas las personas residentes en el estado conocen los municipios donde los proxenetas se ubican y son mayoría, pueden describir la forma en que se mueven y sus mecanismos de reclutamiento.
Trata de mujeres en Tlaxcala, investigación presentada en enero de 2009, ha sido precedida por importantes trabajos llevados a cabo por el centro Fray Julián Garcés, de la Universidad de Tlaxcala, que midieron el grado de conocimiento social del fenómeno de la trata de niñas, niños (éstos menores de 13 años), adolescentes y mujeres para la prostitución, la explotación comercial sexual infantil, la relación entre comercio sexual y pobreza; así como el desconocimiento de las campañas del estado para la prevención del delito mediante información sobre el mismo y de los lugares donde denunciarlo; y, finalmente, acerca del nivel de percepción institucional sobre el tema de la trata, la falta de claridad de los servidores públicos, hombres y mujeres, con respecto a los conceptos y fenómenos relacionados con el intercambio sexual entre adultos y niñas y niños, así como la escasa identificación del maltrato, la violación, el abuso y la explotación sexual como situaciones características de la trata. Un trabajo presentado en 2008 por Arturo Castro Soto, analizó las acciones colectivas para el combate a la trata de mujeres llevadas a cabo por iniciativa popular en Tlaxcala.
La trata de personas —que es la forma contemporánea de esclavitud y como tal un delito que conforma la delincuencia organizada trasnacional y que reporta una incidencia cada vez mayor en el mundo— movía en 2006 aproximadamente 800 mil personas de un país a otro, según cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esta cifra no incluye a los millones de personas que al interior de las fronteras de su país son captadas, transportadas, trasladas o recibidas con fines de explotación, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza, la coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder en una situación de vulnerabilidad, y a la concesión de pagos y beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Según el Protocolo contra la Trata de Personas, esta explotación “incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos y servicios forzados, la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos y tejidos”.
Puesto que el 80% de las víctimas transnacionales son mujeres y hasta el 50% son menores de edad, la trata es un delito que tiene claras particularidades de género, siendo el hecho de ser mujer un factor de riesgo o de vulnerabilidad al delito. Sin negar la existencia de una trata ligada al trabajo infantil en fábricas y espacios de trabajo clandestino, al tráfico y comercio de órganos, al trabajo doméstico y al trabajo agrícola, la trata fortalece esquemas de subordinación y discriminación de género contra las mujeres, al rebajar la autoestima de las víctimas, impedir su acceso a la educación, aprovechar su mayor pobreza en las zonas de reclutamientos y normalizar la violencia física, el secuestro, la violencia sexual y la imposición sea de embarazos o de abortos, sirviéndose de la escasa atención que las autoridades otorgan a los delitos contra las mujeres, misma que desemboca en su virtual impunidad. A la vez, los proxenetas construyen su imaginario social juvenil sobre un rol genérico masculino de “padrote”, aprendido de sus padres, amigos o hermanos, que le otorga poder y control sobre las mujeres y derechos a ganancias fáciles y libertad de movimiento: autos, viajes, fiestas y diversión.
El estudio dirigido por Olamendi reporta el caso de la familia Carreto, sentenciada en Estados Unidos, cuyo modus operandi revela algunas características de la condición de género de la trata. Los varones de esta organización “familiar” utilizaban el engaño y la seducción para reclutar y someter a la prostitución a mujeres jóvenes. En otros casos, utilizaban el secuestro, la violación y los golpes para mantenerlas controladas. Muchas veces tuvieron relaciones íntimas, y hasta llegaron a casarse, recibiendo informaciones sobre sus relaciones familiares y afectivas, para después crear dependencia emocional, lo que incrementaba su habilidad para manipularlas y chantajearlas.
Las víctimas, una vez enganchadas, eran llevadas al municipio de Tenancingo, en Tlaxcala, en donde familiares de la red, frecuentemente mujeres, las mantenían vigiladas, aisladas e incomunicadas, llegando a cuidar los hijos que algunas de ellas tuvieron con los tratantes.
Durante esta primera fase de su explotación, casi todas las víctimas fueron obligadas a prostituirse en diversos puntos de México (Tlaxcala, DF, Puebla, Irapuato, Tijuana y Matamoros) antes de ser llevadas a su destino final en Estados Unidos, el distrito de Queens, en Nueva York.
Para el traslado y el cruce de la frontera la trata de personas se complicó con el tráfico de personas, otro delito internacional con el que comparte algunos rasgos, aunque no tenga como fin la explotación. En la frontera, a las víctimas se les impuso atender entre 20 y 30 hombres al día, cobrando entre 25 y 30 dólares por cada encuentro sexual, con los cuales ellas “pagaron” su traslado. Ya en Nueva York, en los departamentos en los que la familia Carreto vivía con sus víctimas, la policía encontró libretas con números y direcciones de burdeles, casas de masaje, precios y ganancias.
Para la explotación sexual comercial infantil en Tlaxcala, todas las evidencias llevan a las mismas prácticas, a los mismos lugares, a familias enteras de nombre y apellido que son conocidas en las propias comunidades y fuera de ellas.
Como las encuestas efectuadas por las investigaciones anteriores, las 1,000 entrevistas realizadas por el equipo de Olamendi (a un 46% de hombres y 54% de mujeres, de entre 18 y 80 años y de diversos oficios y niveles de escolaridad, desde ninguno hasta doctorado) demuestran que la población de Tlaxcala, y en particular de los municipios del sur de la entidad donde el delito es mayormente conocido y documentado, considera la trata un hecho que viola los derechos humanos de las personas y revela interés en emprender acciones y encontrar estrategias adecuadas para contrarrestarla. El bajo impacto de las campañas de prevención e información del estado, sin embargo, es relevante, ya que los habitantes del estado declararon que no cuentan con información, no conocen los teléfonos de emergencia ni las instituciones que trabajan para evitar la trata, y no confían en las instituciones. Más aún, el 94% de los entrevistados considera que se necesita una denuncia para que la trata de personas sea investigada.
Entre las observaciones reportadas por los encuestadores, resalta la afirmación de un hombre de 25 años de Tlaxcala, que refiere que “las autoridades saben que Tenancingo es el lugar donde se da la trata y la explotación sexual, pero no hacen nada”. Asimismo es relevante cómo algunas comunidades han empezado a tomar acciones concretas de autoprotección, al alertar a niñas, niños y jóvenes para que no simpaticen con desconocidos; y que se reconozca a un personaje de una organización de San Pablo del Monte como protagonista de varios rescates de jovencitas en Matamoros, Tijuana, Guadalajara y Texas. Este dirigente local ha devuelto a las niñas a sus comunidades, a partir de información que, él mismo lo reconoce, en ocasiones le han dado los policías.
Sin embargo, los 65 servidores/as públicos encuestados revelaron una visión en extremo parcial y poco apegada a la realidad del estado, y en ocasiones manifestaron un verdadero desprecio al género femenino en su conjunto. Entre sus frases más ofensivas, destacan algunas: “Las jóvenes se bajan los calzones hasta por un cartón de cerveza”, “Tenemos un problema muy grave en la entidad: las mujeres son muy locas”, “A ellas también les ha gustado el oficio, ya que a través del mismo han mejorado su vida y su situación económica”. Estas expresiones revelan que los servidores públicos culpabilizan a la víctima o, por lo menos, la hacen cómplice de su situación; lo cual les permite no enfrentar acciones de apoyo y atención a las mujeres y los menores presos en las redes de la trata. El análisis de las 17 actas circunstanciadas y 40 averiguaciones previas relativas a las 57 denuncias por hechos posibles constitutivos de delito de lenocinio y de trata de personas de 2006, 2007 y 2008, en efecto, revela que no existen medidas concretas de protección en el Estado y que los Ministerios Públicos siempre intentan registrar las denuncias por el delito de lenocinio y nunca por el de trata, aunque este último implicaría que el culpable sea condenado a la reparación del daño a la víctima y sus dependientes.
Dada la extrema gravedad de la situación de explotación sexual de mujeres, sancionada como trata de personas o como lenocinio, según Olamendi y su equipo, es urgente declarar una alerta de género en los municipios de Tlaxcala señalados por las víctimas, la ciudadanía y los servidores públicos como los lugares donde se llevan a cabo.