Cualquier intento de explicación cabal sobre la actitud con la cual el conjunto de las instituciones que configuran el Estado nacional mexicano ha respondido los últimos 15 años a las demandas legítimas de los pueblos indígenas es sin la menor duda la de cinismo. La mentira, el engaño, la traición y el ninguneo han sido las expresiones constantes y reiteradas hacia los pueblos originarios de México. No deja de sorprender el hecho de la persistente y perversa homogeneidad con que las más diversas estructuras del Estado mexicano responden a los planteamientos indígenas.
Paradigmática fue la traición con la que el ex presidente Ernesto Zedillo dio respuesta a los denominados Acuerdos de San Andrés, pactados por el Estado nacional con los pueblos indios; en vez de actuar para su cumplimiento, mandó a su flamante secretario de Gobernación a dialogar con los zapatistas, al tiempo que ordenaba al Ejército Nacional una ofensiva militar sin precedentes. Y qué decir de la complicidad probada de las autoridades federales y estatales, desde el secretario de Gobernación, en ese momento Emilio Chuayffet, hasta el gobernador de Chiapas en turno, Julio César Ruiz Ferro, con los autores de la infame y tristemente célebre “masacre de Acteal”.
Pero no sólo han sido las autoridades federales y estatales quienes han actuado con tal mendacidad con los pueblos; la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación ha actuado de manera muy semejante en cada ocasión en que el tema de los pueblos indígenas ha logrado su atención; basta señalar la infamante e irresponsable decisión, plena de cinismo, que acaba de imponer al declarar en libertad a los confesos asesinos de Acteal, invocando errores de procedimiento.
Ni hablar de nuestros indignos legislativos de los últimos tres periodos, quienes reiteradamente han eludido asumir su responsabilidad, establecida legalmente en el accionar de la Comisión de Concordia y Pacificación, que ha sido despreciada y paralizada por sucesivos plenos camerales, sin que a la fecha exista procedimiento alguno o juicio incoado para llamar a cuentas por su reiterado incumplimiento a decenas de legisladores responsables.
El accionar cínico e irresponsable por parte de los tres poderes de la nación, durante los últimos tres quinquenios, ha producido un efecto multiplicador de impunidad irresponsable en el accionar de las instituciones y tribunales de todos los niveles, y más todavía, hasta contaminar incluso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyo titular, el doctor José Luis Soberanes, como muestra de tal talante institucional, se atrevió irresponsablemente a dictaminar que la anciana nahua Ernestina Ascencio Rosario había muerto de anemia y no de una brutal violación tumultuaria, como fue reiteradamente probado.
¿Qué podemos decir del rosario de injusticias producto de nuestras putrefactas “procuradurías de justicia”, uno de cuyos más recientes y vergonzosos despropósitos fue la inconcebible decisión de juzgar y encarcelar a tres mujeres ñahñuh, entre ellas Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara, acusadas de haber secuestrado a un nutrido comando especializado de la Agencia Federal de Investigaciones?
Son de tal dimensión y generalidad las ofensas y agravios que este Estado nacional viene cometiendo contra los indios de México que tendremos que pasar muchos años en los juicios que se acumulan, postergándose, contra un número significativo de responsables de todos los niveles que deberán ser juzgados y castigados con el máximo rigor posible, a pesar de que hoy todavía siguen actuando como si nunca fueran a ser llevados a tribunales cuando esta nación abjure y destruya el Estado Cínico que se apoderó de la transición mexicana.