La intolerancia religiosa en el actual sexenio se ha incrementado sustancialmente, de acuerdo con registros de las iglesias evangélicas, que han documentado 90 casos que se reflejan en expulsiones, suspensión de agua y electricidad, amenazas, pago de multas, violencia, negativa de inscripción en escuelas públicas, suspensión de programas sociales e impedimento para sepultar a sus muertos en panteones.
Datos del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), de 2000 a 2006, indican que la Secretaría de Gobernación documentó 121 casos y resolvió 103, pero de 2007 a 2008 los casos presentados fueron 198 y sólo se resolvieron 17.
Para las iglesias evangélicas, pese al discurso oficial de que se vive un pluralismo religioso, en los hechos se demuestra que la intolerancia es permanente principalmente en las zonas indígenas. Los focos rojos se ubican en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Jalisco.
Pese a las constantes denuncias ante los gobiernos estatales y federal, además de los casos documentados por el Departamento de Estado de Estados Unidos en sus informes anuales de intolerancia, la Organización Internacional de Ayuda a las Iglesias Necesitadas, la Alianza Evangélica Española y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los casos de agresión contra quienes optaron por no ser católicos continúan.
El pasado 13 de agosto el subsecretario de Población Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, sostuvo que “somos un país en donde se respeta la pluralidad y el derecho a expresarse en un marco de legalidad… De esta manera, nuestro país da muestra de respeto y tolerancia a la diversidad religiosa, de pensamiento y en general a todos los derechos fundamentales de las personas y también de reconocimiento al papel fundamental que el ejercicio de la libertad de cultos…”
Sin embargo, las iglesias evangélicas han señalado que uno de los principales obstáculos para solucionar los conflictos religiosos se encuentra en la dirección de Asuntos Religiosos de la Segob, la cual determina cuándo es un caso de intolerancia o discriminación religiosa. Por tal motivo, discrecionalmente minimizan o anulan los casos.
Ante la creciente intolerancia en el país, las iglesias evangélicas consideran necesaria la creación de una fiscalía especial que atienda estos casos, que dependa del gobierno federal, pero con la asesoría y supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de las cámaras de Diputados y Senadores, así como de capacitadores de distintas asociaciones religiosas, en la que será indispensable la presencia de la jerarquía católica.
También han propuesto que debido al crecimiento de los grupos no católicos, principalmente cristianos evangélicos en zonas indígenas del país, se ha rebasado las tareas administrativas que realizan las oficinas de Asuntos Religiosos tanto federal como estatales, por lo que se hace necesaria la creación de una Comisión de Asuntos Religiosos en las cámaras de Diputados y Senadores.
La “solución” gubernamental en los casos de expulsiones ha sido sin la aplicación de la ley, pero en algunos delitos graves como secuestro, amenazas de muerte, despojo, daños en propiedad federal, entre otras no hay detenidos.