Una ficha informativa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, fechada el 5 de mayo de 1999, confirma que el Ejército mexicano proporcionó a paramilitares de Chiapas entrenamiento y protección, a cambio de información sobre las actividades del zapatismo, en concordancia con lo trazado por el Plan de Campaña 94, elaborado por la Sedena a los nueve meses del levantamiento zapatista de enero de ese año.
El documento de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, recién desclasificado, indica que oficiales “estuvieron involucrados en la supervisión de los grupos armados en la región montañosa de Los Altos”, donde se localiza el municipio de San Pedro Chenalhó, al cual pertenece la localidad de Acteal, donde el 22 de diciembre de 1997 paramilitares dispararon contra 300 indígenas y abatieron a 45, la mayoría mujeres y niños.
La revelación de la dependencia estadunidense sobre el involucramiento de militares en el entrenamiento de paramilitares corrobora la aplicación, por lo menos en una parte, del Plan de Campaña Chiapas 94, diseñado por la Defensa Nacional en octubre de ese año, durante la administración del general Antonio Riviello Bazán, el cual el periodista Carlos Marín dio a conocer en enero de 1998, dos semanas después de los hechos en Acteal.
Entre las estrategias consideradas en ese plan se incluía que “los servicios de Inteligencia Militar debían organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico”, a fin de que sean empleados “en apoyo” de las operaciones castrenses. Igualmente preveía “el asesoramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares”.
En ese contexto, el reporte del Pentágono titulado “Participación militar en los grupos paramilitares de Chiapas”, cuya copia tiene MILENIO, plantea: “A mediados de 1994, el Ejército mexicano tuvo la aprobación presidencial (de Carlos Salinas de Gortari) para instituir equipos militares encargados de promover grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. La intención era asistir a los indígenas que se resistían al Ejército Zapatista de Liberación Nacional”.
En el verano de ese año, precisa el texto, “el Ejército había creado equipos de inteligencia humana (Humint) responsables de obtener información entre las comunidades indias, primordialmente en las regiones de los Altos y las Cañadas”.
El documento incluso explica la forma en que se organizaban y operaban estas células: “Estos grupos estaban compuestos básicamente de oficiales jóvenes en el rango de segundo y primer capitán, al igual que sargentos que hablaban las lenguas regionales. Los equipos Humint estaban compuestos por entre tres y cuatro oficiales, asignados a cubrir comunidades específicas por un periodo de tres meses. Después de ese lapso, eran rotados a otra comunidad. La preocupación sobre la seguridad de los oficiales era la razón principal de las rotaciones”.
Con la finalidad de ganarse la confianza de las comunidades para recabar de ellas información, detalla el texto, “los Humint ayudaban a grupos armados [antizapatistas] con entrenamiento y protección”, en caso de ser arrestados por portar armas de fuego.
Los servicios de inteligencia del Pentágono mencionan en la ficha que tras los hechos en Acteal, “la práctica del apoyo directo a los grupos armados se redujo, aunque los equipos Humint del Ejército continúan operando en las zonas de conflicto de Chiapas. También siguen contando con el apoyo de los grupos armados para proveerse de la información sobre los simpatizantes del EZLN”.
La matanza del 97, destaca la dependencia estadunidense, atrajo la atención de la opinión pública sobre el apoyo a los comandos paramilitares, “pero hasta ahora nadie del Ejército ha sido encontrado directamente culpable, y la existencia de los equipos Humint tampoco ha sido revelada”.
Antecedentes
Inconsistencias en las investigaciones en torno a esa tragedia sucedida hace casi 12 años llevaron el miércoles a la Suprema Corte a anular el proceso judicial por el que 20 personas permanecían presas desde hacía más de una década por su supuesta participación en la matanza, lo que condujo a su inmediata liberación.
Sin embargo, como apunta el escritor Héctor Aguilar Camín en el artículo Acteal y el fallo de la Suprema Corte, publicado el jueves pasado en este diario, la resolución de los ministros “corrige el destino de los encarcelados en un proceso judicial viciado [...], pero más allá de los aspectos legales, está el problema de la verdad, el esclarecimiento puntual de cómo fue la matanza y quiénes sus ejecutores”.
Determinar el grado de responsabilidad del Ejército en el aliento de grupos paramilitares es una de las asignaturas pendientes para entender el caso, apunta Kate Doyle, analista y directora del Proyecto México en el Archivo de Seguridad Nacional.
Aguilar Camín, en la tercera parte de la crónica “Regreso a Acteal”, publicada en la revista Nexos en diciembre de 2007, justo en el décimo aniversario del ataque, cuestionó: “Lo que falta probar es si, como tantos creen y algunos documentos sugieren, además de complicidades específicas, hubo también una estrategia orquestada por las autoridades estatales, el Ejército y el gobierno federal [...] La existencia en Chenalhó de un diseño paramilitar strictu senso, es decir, una selección, entrenamiento y avituallamiento de civiles hecho por el Ejército o por el gobierno estatal para combatir insurgentes, es un asunto por ser probado. Es otra de las zonas oscuras, por aclarar y fundamentar, de la historia de Acteal”.
“Larga historia de agresiones”
Los indicios existentes no permiten concluir que el ataque haya obedecido a una acción concertada por autoridades y Ejército contra un enclave zapatista; más bien, comenta el abogado Hugo Eric Flores Cervantes, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, es el colofón de una larga historia de agresiones de ambos bandos —zapatistas y no zapatistas— y de indiferencia oficial.
Por ejemplo, las declaraciones ministeriales de dos atacantes confesos que están en la cárcel es que el asalto a Acteal fue para vengar la muerte de Agustín Vázquez Secum, asesinado por zapatistas el 17 de dicembre del 97. El padre de Agustín, Antonio Vázquez Secum, pidió el apoyo del grupo armado de Los Chorros para buscar a los zapatistas que supuestamente se encontraban cerca de donde ocurrió el asesinato de las 45 personas. Los Chorros fue uno de varios grupos de autodefensa que se conformaron en el municipio de Chenalhó tras la llegada de los zapatistas a esa zona otrora ajena al conflicto.
En su libro de próxima aparición Acteal. La otra injusticia, preparado con ayuda de Alejandro Posadas Urtusuástegui y Maximiliano Cárdenas Denham, Flores Cervantes expone: “Fueron muchas las circunstancias que antecedieron a la matanza. Sin duda la más importante fue el cansancio de la comunidad no zapatista y la impunidad con la que los zapatistas actuaban. Dicha situación fue aprovechada al máximo por intereses caciquiles que se veían desplazados por el nuevo control político zapatista. Estos caciques locales, y no otros, empezaron a formar grupos de autodefensa, empezaron a armar a la población, con el propósito de defenderse, de vengarse [...] Por su lado, las autoridades simplemente decidieron no actuar. No sólo no detuvieron los abusos que se dieron ante el establecimiento zapatista, sino también dejaron impunes todos los actos criminales que se sucedieron de uno y otro lado [...] El camino a Acteal estaba allanado por múltiples veredas llamadas impunidad.”
- Claves
La CIA del Pentágono
• La Agencia de Inteligencia de la Defensa despachó en mayo de 1999 una ficha sobre la participación de la milicia en el entrenamiento de paramilitares.
• La DIA (como también se conoce por sus siglas en inglés) es “los ojos y oídos” del secretario de la Defensa estaunidense en el mundo.
• Emplea a aproximadamente 11 mil personas (de las cuales 70 por ciento son civiles) que proveen información sobre conflictos locales en el mundo.