El fantasma de la proposición 187, planteada en 1994, que pretendía negar los servicios públicos a indocumentados en California, ha sido puesto de nuevo en la mesa de las discusiones, tras la más severa crisis presupuestal que enfrenta el estado del sur de Estados Unidos.
En 1994, la proposición impulsada entonces por el gobernador republicano Pete Wilson, fue aprobada por los votantes californianos, pero meses después declarada anticonstitucional por un juez de una Corte de apelaciones.
En aquellos tiempos, la persecución de indocumentados y la polarización de la sociedad fue marcada, además, por el surgimiento de grupos antiinmigrantes que los acusaban de ser los causantes de la crisis, como está ocurriendo ahora.
Con la crisis presupuestal de más de 26 mil millones de dólares en California, que gobierna el republicano Arnold Schwarzenegger, la administración estatal se encuentra a un paso del colapso financiero.
Tras anunciar severos recortes en programas, despidos de empleados y hasta actividades sin goce de sueldo, además del cierre de oficinas en determinados días, el estado de California ha empezado a pagar adeudos con pagarés.
Pero ahora, autoridades estatales han dejado entrever que la administración se ahorraría entre 4 mil y 6 mil millones de dólares si se negaran servicios a indocumentados en prisiones, escuelas y hospitales.
Se ha indicado también que con esa prohibición habría ahorros si se negaran otros servicios en oficinas públicas, policía, bomberos, bibliotecas y otros.
Casi 3 millones sin papeles
En California se estima que hay más de 2 millones 700 mil migrantes indocumentados, y se considera que tan sólo con recortar el pago de asistencia pública a niños estadunidenses hijos de indocumentados, se ahorrarían 640 millones de dólares al año.
El gobernador Schwarzenegger ha lanzado mensajes contradictorios, porque abiertamente ha declarado que no se puede considerar que los indocumentados sean los culpables de la crisis presupuestaria en el estado.
En cambio, en la práctica, en las últimas semanas ha estado anunciando recortes a programas que eran utilizados por inmigrantes indocumentados y que ha enviado al Congreso local para su aprobación.
Otra propuesta del gobernador, que ahorraría 77 millones al año, es que se dé ayuda económica a niños nacidos en Estados Unidos sólo por un periodo de cinco años, lo que afectaría a unos 100 mil niños en unas 48 mil casas en California.
Excesivo gasto en educación
De acuerdo con el Centro Hispano Pew, en la población escolar de California de 6 millones 300 mil estudiantes, alrededor de 300 mil son indocumentados, lo que cuesta al estado cerca de 2 mil 300 millones de dólares anuales.
En las prisiones, en donde se estima que hay unos 19 mil inmigrantes indocumentados recluidos, California espera gastar alrededor de 834 millones de dólares, sólo por costos de justicia criminal, defensa y detención.
En salud, 780 mil migrantes sin estancia legal generan gastos por 703 millones de dólares para el año fiscal 2009-2010, y de esos, 486 millones van en servicios de emergencia.
La mayoría de los servicios de no emergencia para inmigrantes fueron autorizados por el Congreso estatal en la década de 1980.
En demérito del enfoque antiinmigrante, esta semana el Comité de Servicios Sociales y de Presupuesto de California rechazó de manera tajante que la comunidad indocumentada sea la causa de la emergencia financiera en esta entidad.
- Claves
Cazamigrantes
• Los activistas antinmigrantes exigen que se suspenda la ayuda económica que reciben los niños estadunidenses de padres indocumentados y quienes reciben beneficios automáticos de asistencia sólo por nacer aquí.
• Los opositores a la estancia de los migrantes indocumentados indicaron que, no obstante que pagan impuestos por compras de productos, gasolina o de propiedad, la mayoría de esos recursos se van a las arcas federales y no a las estatales.
• La Universidad de California proyectó que la legalización de 12 millones de indocumentados aumentaría la recaudación tributaria en 66 mil millones de dólares de 2007 a 2017.