La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó ante la Suprema Corte de Justicia la Ley de la Policía Federal que permite acciones encubiertas, debido a que estas operaciones pueden llegar a tener injerencia grave en las garantías individuales de intimidad, inviolabilidad del domicilio y comunicaciones privadas o en el derecho de los procesados a conocer el nombre de sus acusadores.
La CNDH consideró violatorio que esa norma no incluya los lineamientos mínimos que deben regir las operaciones encubiertas y de usuarios simulados ni precise cuáles son sus límites temporales, pues tampoco establece los casos en que tales operaciones pueden prolongarse.
El organismo lamentó la aplicación de la norma impugnada porque puede resultar equivalente a la de una ley en blanco que “deslegaliza” la materia al ampliar el margen de actuación.
Con respecto a la figura del policía encubierto, la CNDH consideró que, por omisión, la ley impugnada deja en la incertidumbre si la labor de un agente encubierto debe realizarse necesariamente con la anuencia del mismo, o eventualmente puede ser obligado a realizarla, incluso cometiendo conductas delictuosas en perjuicio de su libertad de conciencia.
Agentes encubiertos
Tampoco es clara al precisar si un agente puede estar legitimado para la comisión de delitos durante la realización de las operaciones ni regula la protección de identidad e integridad de los agentes encubiertos. Asimismo, tampoco indica si en el desempeño de su misión un agente encubierto tiene prohibido incitar o provocar un delito que en condiciones normales no se habría cometido.
La CNDH consideró que la realización de actividades encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de delitos debe sujetarse al principio de subsidiariedad, por el cual sólo procedan respecto de delitos graves o en casos de delincuencia organizada, y no para la supuesta prevención de cualquier delito.
La demanda de acción de inconstitucionalidad también impugna las leyes Orgánica de la Procuraduría General de la República y de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que, según la CNDH, resultan violatorias de las garantías fundamentales, como los derechos a la no discriminación por origen nacional y de los ciudadanos para acceder a cargos públicos.
Señala que dichos documentos establecen una distinción discriminatoria, motivada por el origen nacional respecto de los mexicanos por naturalización, pues disponen que para poder ejercer los cargos mencionados es requisito ser ciudadano mexicano por nacimiento, lo que representa una distinción discriminatoria respecto de aquellos connacionales por naturalización.
La acción de inconstitucionalidad recibió el número 48/2009 y fue turnada al ministro Sergio A. Valls Hernández.
Caen federales por extorsión
Siete elementos de la Policía Federal adscritos al Operativo Conjunto Juárez fueron detenidos y consignados ante la PGR por el delito de extorsión, luego de que sembraran droga a un estudiante, por el que luego exigieron 20 mil pesos para su liberación.
La detención de los policías se derivó de una denuncia interpuesta ante el módulo de quejas instalado por la presidencia municipal de Ciudad Juárez para recibir acusaciones contra agentes federales y militares enviados a esta ciudad fronteriza.
El responsable de la oficina municipal, Javier González Mocken, manifestó que el procedimiento de queja fue interpuesto por el padre del estudiante detenido por los federales, a quien después extorsionaron con 20 mil pesos para no consignarlo.
El informe llegó a la jefatura de mando de la Policía Federal. Al encontrarse elementos de prueba fueron consignados a la PGR. Los elementos fueron identificados como Eduardo Franco, Ángel Vázquez Roldán, Gabriel Montiel Reyes, Jorge Corona González, Gregorio Orizaba, Jorge Hernández Ortega y Salvador Guzmán Ávalos.