Las elecciones del 5 de julio y la reforma electoral de 2007 / I

	La jornada electoral del 5 de julio pasado. Foto: René Soto

Una vez más, el IFE organizó una jornada electoral legal y transparente. Mostró que tiene la solidez profesional para convocar al ejercicio ciudadano más importante que acontece en el país cada tres años. Como ha sucedido desde los años noventa, el instituto instaló casillas en todo el país, los ciudadanos contaron los votos y se difundieron los resultados con transparencia.

No obstante, hay dos nuevos fenómenos que ocurrieron que ponen en riesgo la calidad y equidad de la democracia mexicana. Primero, el agotamiento de la vía electoral como motor para profundizar nuestra democracia. Segundo, una nueva forma de “neo-corporativismo” regional, aquel de los gobernadores como financiadores y coordinadores de campañas en sus estados. Soy pesimista.

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La ruta de los votos fue la fuente principal para democratizar a México en los últimos 30 años. Pero esa vía se ha agotado como motor del cambio político. Durante mucho tiempo hubo la ilusión de que la alternancia sería la solución a los males del país. El IFE contribuyó de manera decisiva a que hubiera limpieza electoral. Los votantes hablaron y hubo alternancia. Pero los resultados han sido magros. La ilusión de que “sacar al PRI de Los Pinos” resolvería los problemas resultó falsa. Un nuevo inquilino entró a la casa, pero esta siguió con los mismos defectos de origen.

Nadie percibió que no era problema de quién habitaba la casa, sino de las reglas del juego. La estructura de la “casa política” que habitan los partidos y los políticos está maltrecha. No importa quién la ocupa: cuando la estructura y los cimientos son malos, los resultados de la gestión de gobierno son deficientes. Gobernantes de todos los partidos han rotado en los gobiernos nacionales y locales, así como en los poderes legislativos, pero los problemas ancestrales persisten. El resultado ha sido la apatía primero, y el enojo y el rechazo después. El movimiento por el voto nulo es la más nítida expresión de la desilusión con la vía electoral como motor del cambio.

En México seguimos enamorados de la teoría del voluntarismo político, aquella que pregona que la solución de los problemas es un asunto de voluntad y capacidad. No. La solución pasa por cambiar los cimientos, antes que esperar que los inquilinos pinten las paredes. La nueva alternancia no traerá mejores gobiernos a menos que los nuevos ganadores estén dispuestos a cambiar las reglas del juego.

Las primeras declaraciones de los dirigentes políticos ya entreveran lo que nos deparan los siguientes años en algunos temas. “No al IVA en alimentos y medicinas”, han dicho algunos diputados electos del PRI. Sí, en cambio, mayor poder de gasto a los gobernadores. Se trata de la salida fácil y populista. No quieren agraviar a las bases electorales cuando ha quedado claro que la última reforma fiscal de 2007, que se vendió como la nueva palanca para financiar el desarrollo, fue insuficiente. La nueva mayoría no quiere arriesgar, sino cosechar aplausos de corto plazo. Mientras no se reforme a fondo el sistema hacendario del país, los partidos optaran por aprobar presupuestos clientelares e improductivos sin que se establezca un nuevo modelo para financiar el desarrollo con mayor eficacia: con más contribuyentes que sean a la vez ciudadanos exigentes de gobiernos más responsables.

En materia política, el triunfo contundente del PRI será el mayor antídoto para emprender reformas de fondo. No veo ningún incentivo para reformar de fondo el régimen político, porque muchas de esas reglas, como la electoral, facilitaron el triunfo del PRI el 5 de julio. ¿Para qué abrir el sistema a candidaturas ciudadanas o instalar la reelección legislativa o corregir la reforma electoral de 2007, si todas esas medidas son un riesgo para su fortaleza actual?

Es claro que México diseño bien sus reglas electorales (hasta antes de 2007), pero no rediseño otras reglas políticas para estimular la rendición de cuentas y la eficacia de sus gobiernos. Por esa razón, la ruta de los votos es ya insuficiente para generar los cambios que mejoren la calidad democrática y el desempeño de su economía. Lo importante no son los inquilinos que elegimos, sino cambiar los cimientos de la casa. Esta elección, como las previas, no ayudará a ese propósito.

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Los resultados electorales dicen mucho de la eficacia del PRI para ganar elecciones. Pero debemos preguntar si esa eficacia es funcional para el fortalecimiento de la democracia mexicana. El PRI arrolló en los estados que gobierna. En el Estado de México ganó 38 de los 40 distritos electorales federales y 40 de los 45 locales (varias alianzas). En Veracruz, 17 de los 21 distritos federales. En Oaxaca, Puebla y Tamaulipas fue carro completo. El PAN, en cambio, sufrió pérdidas en las entidades que gobierna. El PRD sí tuvo triunfos apabullantes en el Distrito Federal, Michoacán y Zacatecas.

Como resultado, esos gobernadores del PRI y algunos de otros partidos contarán con super mayorías en sus entidades y con el control político sobre el congreso. ¿Son normales y explicables esos triunfos apabullantes? ¿Es sano para la democracia que se construyan esos desequilibrios políticos? ¿Esas nuevas super mayorías son resultado de procesos electorales equitativos?

El otrora fenómeno del partido hegemónico en el ámbito federal parece ahora resurgido con más vigor en los estados de la República. Diversos analistas han señalado que los gobernadores “financian” las campañas de los candidatos de sus entidades a cambio del privilegio de escogerlos. Por su parte, el partido nacional mantiene la prerrogativa de integrar las listas de candidatos plurinominales y financia quizá las campañas en los estados donde el partido no gobierna. Si eso ocurre, estamos ante un fenómeno de neocorporativismo regional muy dañino para la equidad de las contiendas.

Primero, porque esos recursos no son reportados a la autoridad electoral y motiva que se rebasen los topes de gastos de campaña —instrumento para nivelar las condiciones del juego. Segundo, porque ha estimulado que los gobernadores controlen el espacio político de sus entidades y ello limita la rendición de cuentas y el equilibrio de poderes. Hoy los gobernadores ejercen más gasto que hace 10 años porque reciben mayores transferencias del gobierno federal. Pero muchos congresos locales carecen de la independencia para llamarlos a cuentas, tal como ocurría a nivel nacional antes de 1997.

El poder electoral y presupuestal de los gobernadores ha creado un desequilibrio muy grave en esos niveles de gobierno. La pérdida de la presidencia por parte del PRI en 2000 quitó el único mecanismo de control eficaz que se ejercía sobre ellos desde el centro. Después de la alternancia, los gobernadores, en especial los del PRI, tienen más recursos presupuestales y políticos. Por eso en 2012 el PRI será aún más poderoso territorialmente con base en sus 19 gobernadores (incluidos los electos), más los que se acumulen en 2010. Ese factor sienta ya la base de una elección muy inequitativa.

Quienes reformaron la ley electoral en 2007 prometieron más equidad. Pero no atacaron la principal fuente de inequidad que se da por el fenómeno del neocorporativismo regional, sobre todo de los gobernadores del PRI. Y en el tema de la equidad de acceso a los medios, el resultado ha sido también negativo, como lo explicaré mañana en este mismo espacio.

* Catedrático del ITAM. Fue consejero
presidente del IFE en 2003-2007.