Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, defendió nuevamente al fuero militar como elemento para mantener la disciplina, aun en casos en los que estén implicados civiles, y consideró que la discusión sobre la desaparición de esta figura ha generado una tensión innecesaria entre las fuerzas armadas y las ONG, por lo que llamó a alcanzar un acuerdo.
“Mi trabajo es consolidar y acelerar este diálogo entre las fuerzas militares y organizaciones de derechos humanos para que entiendan que esas distancias muchas veces están más en los perjuicios que en la realidad”, advirtió.
Al participar en un improvisado debate radiofónico en el programa de Carlos Puig en W Radio, los abogados de ONG Santiago Aguirre, de Centro Pro, y Luis Miguel Cano López, de Fundar, el funcionario fue cuestionado sobre la trascendencia de reformar el fuero militar, pues acusaron que se ha convertido en un factor de impunidad.
Gómez Mont sentenció: “todos los civiles que pueden estar en conexión con un delito militar son juzgados por tribunales civiles cuando son inculpados y la propia corte tanto europea como interamericana ha señalado que no porque sea fuero militar pierde la calidad de independencia e imparcialidad”.
“Cuando decimos que el fuero de guerra se ha convertido en un factor de impunidad en el país, no partimos de una posición de principio dogmático, sino de las constancias empíricas de los casos documentados por las organizaciones mexicanas en los últimos años”, dijo Cano López.
Antes, Aguirre se refirió a casos específicos de delitos como las desapariciones forzadas, la tortura y homicidio cometidos por militares. Y es que dijo que con base en el fuero que gozan, éstos son juzgados por militares, convirtiéndose con ello “en juez y parte”.
Alegó que en estos casos las autoridades civiles son las que deben juzgar esos ilícitos.
“Nosotros decíamos que cuando hay una desaparición forzada, cuando hay un tortura o cuando hay un homicidio los bienes jurídicos afectados son la vida, la integridad personal, la libertad de civiles, por tanto, atendiendo el criterio material y no personal, deberían ser el fuero civil en que conociera”, dijo Aguirre,
A lo que el secretario cuestionó: “¿No le parece como un bien fundamental para el país el cumplimiento del deber de respetar la integridad, vida y libertad de todos los mexicanos como un deber superior de las fuerzas armadas?”
Juan Carlos Gutiérrez, integrante de la Comisión Mexicana de la Defensa, aseguró que “el tema no es cuestionar la gran labor, si se quiere decir, que están dando en el combate al crimen organizado, sino establecer que para mejorar el compromiso de las fuerzas militares es necesario que éstas tengan límites en el combate a la delincuencia y en las acciones que realizan”.
Planteamiento con el que coincidió el responsable de la política interna del país, pero acotó: “estamos de acuerdo, pero precisamente el hecho es cómo lograr que estos límites se respeten”.
“Yo hice una afirmación de la que estoy convencido, la transición política mexicana se construyó entre otros, con la institucionalidad de las fuerzas armadas”, aseguró el funcionario.
- Claves
¡Carajo!
• El debate subió de tono cuando Gutiérrez cuestionó que Gómez Mont los acusara de atacar la constitucionalidad militar, “cuando lo que pedimos es que existan tribunales independientes para juzgar las violaciones a los derechos humanos, porque desaparecer y torturar no puede afectar la justicia militar en un estado de Derecho”.
• La respuesta de Gómez Mont fue inmediata y férrea: “La vulnera totalmente, van contra los principios de las fuerzas armadas, el que lo ha hecho es un traidor a las fuerzas armadas ¡carajo! Los altos mandos son los primeros interesados en mantener la disciplina”.
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