Es incorrecto que se juzgue a México por hechos que sucedieron años atrás, ya que el México de hoy es distinto al de ayer”, señaló Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, durante la audiencia en Costa Rica por el juicio que se sigue contra México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla en los años de la guerra sucia, en la década de los 70.
Incluso, Gómez Mont se pronunció porque la jurisdicción militar se mantenga como está, y defendió la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
El secretario de Gobernación encabezó la defensa del Estado mexicano ante la CIDH en compañía de una delegación de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa Nacional.
En su intervención, que duró cerca de 50 minutos, Fernando Gómez Mont se basó en el informe que entregó el gobierno de Felipe Calderón ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
En el reporte, entregado en febrero, se reconoce la grave crisis que enfrenta el país ante la lucha contra el crimen organizado, principalmente por la corrupción que existe en el sistema de seguridad del país.
De acuerdo con la defensa de las victimas, México sólo presentó argumentos políticos y “nunca se refirió al caso de Rosendo Radilla en concreto”.
“Aunque reconoció los hechos de la desaparición de Rosendo, el Estado se negó a aceptar el caso en el contexto de la guerra sucia; es decir, sobre las otras miles de desapariciones, así como torturas y ejecuciones extrajudiciales”.
En la audiencia ante esa Corte, los abogados de las víctimas señalaron que la desaparición forzada significa una negación de los derechos de las personas y que a 35 años de los hechos existe una total impunidad en el caso.
Dijeron que para hacer efectivo el derecho a la verdad es necesario identificar a los responsables, reparar los daños materiales y morales, así como identificar los restos de Rosendo Radilla.
Los representantes de los familiares, los hijos del activista social, Tita y Rosendo Radilla, manifestaron que de acuerdo con la contestación de la demanda, era evidente que el Estado mexicano reconociera expresamente la desaparición forzada de su padre, así como la falta de garantías a los familiares del derecho a un debido proceso legal, una demora injustificada para obtener justicia.
El caso de Rosendo Radilla, desaparecido en un retén militar el 25 de agosto de 1974, se extenderá hasta el sábado.
El activista mexicano desapareció en el estado de Guerrero a los 60 años, en uno de los casos registrados en una época marcada por la represión militar y política a movimientos políticos y armados en México, conocida como guerra sucia.
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