Carlos Bustamante, subdirector de seguridad Pública, asumió el puesto de director de manera provisional tras la vacante que dejó de manera temporal Julio César Sánchez Amador, director de la misma dependencia en Mineral de la Reforma.“Es el subdirector quien debe asumir la responsabilidad tras la ausencia del titular”, recalcó Miguel Escamilla Baños, alcalde de dicho municipio.
El funcionario aclaró que por ser una investigación del orden federal, el ayuntamiento no tiene acceso a la información que se vaya generando y por lo tanto no han podido darle seguimiento.
“Asumimos que si fue requerido y continúa arraigado, es porque encontraron algún indicio que lo vincula”, citó Escamilla Baños.
Agregó que si estuvieran las pruebas en poder de la autoridad estaría en calidad de detenido, si no las hay, estaría en libertad. “Dejemos que la investigación continúe y esperaremos el resultado que emita la autoridad”, sentenció el edil del área metropolitana de la capital hidalguense.
Sánchez señaló que aparte el director de Seguridad Pública, no ha sido detenido ningún otro elemento, por lo que llamó a la ciudadanía a guardar la tranquilidad pues operan con el total de la nómina. Confesó sin embargo que durante el operativo realizado en Pachuca donde 94 elementos municipales fueron arraigados detuvieron también a elementos en servicio de dicho municipio, mismos que fueron analizados y revisados sin proceder a llevarse a alguno más.
También apuntó que los elementos que ellos contratan lo hacen de buena fe y voluntad, como cualquier servidor público, aunque detalló que si alguien posee algún mal antecedente o no cumple con el perfil no podría ingresar a laborar en el ayuntamiento. Sin embargo, confesó que “no tenemos la capacidad tecnológica ni la inteligencia con la que cuenta la PGR para indagar de manera profunda en cada uno de los elementos pertenecientes al ayuntamiento”.
Reiteró que el llamado es a conservar la calma, “el hecho de que no esté el director no significa que no continuemos trabajando de manera normal”, manifestó.
Argumentó que si Julio César Sánchez Amador es encontrado inocente después del arraigo, no tendrían elementos para rescindir su contratación.