Convertido por su cargo en el segundo hombre más importante en el Instituto Federal Electoral (IFE), el secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, admitió que hubo “errores de procedimiento” en los procesos sancionadores que efectuó el organismo, por lo que deberá ser revisado en la próxima reforma electoral.
Confrontado por sus proyectos con consejeros electorales como Marco Antonio Gómez Alcántar, Virgilio Andrade y Marco Antonio Baños, Jacobo Molina acaparó los reflectores al ser el encargado de dar curso a los cerca de 200 procedimientos especiales sancionadores abiertos durante el proceso electoral intermedio, entre ellos varios contra Televisa, Tv Azteca y el PVEM.
¿Se convirtió el procedimiento especial sancionador en la piedrita en el zapato del IFE?
Convirtió a la autoridad electoral en juez, cosa que no era, y los órganos colegiados de decisión, sobre todo de los consejos distritales y el Consejo General, nos convertimos en órganos colegiados de impartición de justicia y los miembros de los consejos en jueces.
El proceso especial sancionador, con plazos tan breves (cinco días para resolverlo), ha exigido a la autoridad electoral empatar toda una dinámica para acopio de pruebas, apertura de expedientes, indagatorias previas y luego, una vez abierto, en cinco días tener la decisión definitiva.
Tengo que reconocer que nosotros hemos cometido en ocasiones algunos errores de procedimiento por la velocidad con que tenemos que trabajar y por la novedad del caso; nuestro aparato jurídico no estaba acostumbrado a esta dinámica y hubo que reforzar muchas cosas y hacer cambios.
El procedimiento especial sancionador es muy interesante, pues lo que busca es una justicia lo más expedita posible para evitar daño en los procesos electorales y, sobre todo, un daño que rompa la equidad en la contienda. Sin embargo, sí sometió a la institución a una dinámica muy distinta.
¿Cuánto costó al IFE poner en práctica este procedimiento derivado de la reforma electoral?
Tuvo que fortalecerse el área jurídica. Ésta creció no solamente en las oficinas centrales, sino en cada una de las 32 delegaciones que tenemos, donde contratamos a un abogado en cada caso para que asesorara a la Junta Local y a los consejos distritales de cada entidad, porque ellos son muchas veces la primera instancia y el consejo local interviene solamente para recursos de revisión.
Tuvimos que contratar a uno por cada entidad, son 32, y otras 50 personas más en el área central. Sí, creció de manera importante.
¿El procedimiento especial sancionador ha llevado al IFE a un enfrentamiento no sólo con el Tribunal Electoral por los casos que les han devuelto, sino con algunos consejeros?
Hubo momentos, sí, con diferentes opiniones y críticas, incluso, de lo que se consideraba errores procesales, pero yo siento, y es cosa de revisarlo, que ya tenemos un buen rato donde esos temas ya no han salido; han salido cuestiones de fondo.
He buscado trabajar con los consejeros lo más intensamente posible, acercándome con ellos, platicando con ellos y tratando de tener un diálogo lo más abierto posible para cumplir conforme a los tiempos, porque son gente con mucha experiencia y, obviamente, su opinión es muy importante, independientemente de que después voten muchos de mis proyectos.
Con el Tribunal no veo que haya enfrentamiento. Ha habido casos paradigmáticos que hay que estudiarlos, pero tanto como una fase de enfrentamiento, yo creo que no. Hay muchas cosas que el Tribunal nos ha señalado, y tiene toda la razón, y otras tenemos diferentes puntos de vista. Yo creo que hay que sacar el balance después.
Existen críticas de consejeros y representantes de los partidos políticos por la tardanza para concluir los procedimientos que, por ley, deben resolverse en cinco días, pero que se le da salida hasta en 20 ¿qué opinión le merece?
Cuando nosotros empezamos a aplicar el procedimiento especial sancionador lo que hicimos fue actuar inmediatamente y el Tribunal, creo que con mucha razón jurídica, nos dijo “¡cuidado!, antes de iniciar un procedimiento has algunas indagatorias para que tenga más fortaleza”.
Es muy fácil cometer errores cuando nos llega una queja y hay que preparar una audiencia y, en ocasiones, construir las pruebas no es tan sencillo, porque ¿qué tal si hay otros elementos adicionales que el quejoso no puso sobre la mesa? Yo no puedo llegar al final del proyecto, acusar a alguien por algo sobre lo cual no tuvo posibilidades la defensa.
Eso fue el aprendizaje de entrada, porque no había nada. Sí nos hemos tomado los días que son necesarios, aunque siempre tratamos de ser lo más expeditos posible para desahogar las pruebas.
Eso ha llevado a que las indagatorias a veces nos lleven una semana, diez días, depende del caso. Aquí hay mucha casuística. Estamos también al calor de la contienda y conforme se acerca la jornada, el tono sube. Entonces, yo lo veo como algo normal. No desconozco que podemos cometer errores, no somos infalibles y estamos aprendiendo todos en esto. El riesgo es que si uno por apresurarse comete errores en el procedimiento o no pondera suficientemente algunas pruebas, los casos se caerán y entonces sí, el costo va a ser mayor.
Yo prefiero, en ocasiones, tomarme unos días adicionales, pero que se imparta justicia en buenos términos a que por celeridad perdamos los casos y también sería absurdo que tuviera un ejército de miles de abogados, porque el costo es mucho mayor.
¿Este nuevo procedimiento especial sancionador deberá ser revisado como parte de la contrarreforma electoral?
Yo creo que sí debe ser revisado. Habían llegado al Consejo General 196 casos, de los cuales nos quedarán por atender alrededor de 30. Tenemos al consejo sesionando prácticamente dos veces por semana y aparte los procedimientos ordinarios. A escala nacional, en los 300 consejos distritales se han recibido mil 9 expedientes. Si alguien no ve el tamaño de la cuestión, es que ya no lo puede ver. Creo que hemos estado a tiempo y cada vez afinando más y más la maquinaria; que gusten o no nuestros proyectos, eso es otra cuestión.
¿Qué tendrían que ajustarle?
Creo que no es el momento más oportuno, aunque yo creo que sí es un tema a revisarse y reflexionarse con cuidado. Ha sido una experiencia muy interesante y muy compleja. Sí creo que hay cosas que deben revisarse.
¿Hay consejeros que señalan que deberían también revisarse las facultades del secretario Ejecutivo, pues tiene en sus manos muchas decisiones?
En lo que se refiere al procedimiento especial sancionador, yo creo que no es una cosa de personas. Hay que revisar el procedimiento en su conjunto. Efectivamente, la reforma le da todavía más tareas a la Secretaría Ejecutiva, no solamente en materia del procedimiento especial sancionador, sino en materia de radio y televisión y en muchas otras áreas.
Yo no lo puedo juzgar, yo no soy ingenuo. Me invitaron a trabajar aquí, bajo esas reglas, son mis atribuciones y yo tengo que trabajar con ellas de la mejor manera posible. Sí es cierto, trastocó mucho la forma en que estaba organizada la institución, pero yo creo que también hay que tener un poco de sensibilidad.
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