El juzgado décimo de distrito de Sonora negó ayer la suspensión provisional de amparo a los dueños de la guardería ABC.
Entre los socios que buscaban evadir la acción de la justicia se encuentran Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella —prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón— Antonio Salido Suárez, Alfonso Cristóbal Escalante y Sandra Lucía Téllez Nieves, cercanos al gobernador Eduardo Bours Castelo.
De acuerdo con la información del juzgado, el ex delegado del IMSS, Arturo Leyva, sí recibió una suspensión provisional de amparo, gracias a que depositó una fianza de 20 mil pesos para evitar la acción de la justicia.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha ejecutado las seis órdenes de aprehensión que consignó ante el juez, por su presunta responsabilidad en el incendio de la guardería ABC.
La dependencia explicó que se detuvo a siete empleados de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal, responsables de la operación de la bodega donde inició la conflagración y aún quedan seis órdenes de aprehensión por ejecutarse.
El fiscal estatal, Abel Murrieta Gutiérrez, expuso que no obstante que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación del siniestro, en el que murieron 48 menores, la PGJE se quedó a cargo de las consignaciones que había realizado.
Piden transparencia
Noé Delgado Molina, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF), acudió a las oficinas centrales del Seguro Social para exigirle al director del instituto, Daniel Karam Toumeh, que dé a conocer la lista de todas las guarderías subrogadas por el IMSS en todo el país.
“Nosotros como padres exigimos saber en manos de quiénes están nuestros hijos. No es un favor, es un derecho que tenemos como padres y ciudadanos”, exigió ayer
“Los empleados del IMSS trataron de decir que les interesa la solicitud, pero ahí estaba Karam y no nos recibió”, expresó Delgado Molina.
Puntualizó que el pasado 22 de junio la asociación requirió a la delegación del IMSS en Sonora la misma petición, pero la respuesta fue nula, por lo que nos trasladamos a las oficinas centrales ubicadas en el Distrito Federal.
Noé Delgado expresó que en dicho viaje, realizado el miércoles pasado, escuchó a “unos legisladores” haber señalado que las listas no se darán a conocer hasta después de las elecciones, por lo que consideró que el caso se está politizando y se pretende proteger a ciertos candidatos políticos.
“El director general (Karam) nos dijo el 10 de junio aquí en Hermosillo que al siguiente día aparecerían los listados con los nombres de los beneficiarios de las subrogaciones, pero aún no sucede”, denunció.
Aclaró que la APAF no desea tener la información para juzgar a los involucrados, sino sumar esfuerzos en la seguridad de las estancias infantiles, tras el incendio que cobró la vida de 48 niños.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó a la SCJN su solicitud para que el alto tribunal conforme una comisión que investigue violaciones graves a los derechos humanos relacionados con la tragedia de Sonora.
Como lo acordaron la víspera los legisladores hicieron la petición formal para que los ministros ejerzan su facultad de investigación, como lo establece el párrafo segundo del Artículo 97 de la Constitución para que intervengan en las indagatorias del incidente donde murieron 48 niños.
Buscan acallarnos: padres de familia
••• Cristina García, madre de una de las víctimas de la guardería ABC, le propuso al gobernador Eduardo Bours que le “dé a uno de sus hijos a cambio del millón 400 mil pesos que les ofreció como indemnización para no demandar al estado.
La madre de Bryan Alexander calificó el apoyo ofrecido por el gobierno del estado a cambio de no proceder legalmente, de “acto indignante y una forma de pretender comprarnos”.
Deudos de los niños aseguraron que continuarán con las movilizaciones para exigir justicia, a pesar de que intentan acallarlos. Por ello, anunciaron que se trasladarán hoy a la Ciudad de México para realizar la megamarcha.
Además, informaron que centenares de organizaciones y colectivos civiles de todo el mundo los han apoyado. Incluso, anunciaron que deudos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos se sumarán a su protesta.
“Es necesario que se haga justicia, que se castigue a todos los responsables de los tres niveles de gobierno”. (Hermosillo • Diego Osorno y Alejandra Álvarez)
Claves
Consignaciones
• Un día después de que el presidente Felipe Calderón anunció que se aplicará la justicia “caiga quien caiga” por el siniestro de la guardería ABC, la PGR solicitó nueve órdenes de aprehensión más por homicidio culposo contra los propietarios de la estancia infantil y el ex delegado del IMSS en Sonora, entre otros.
• Los propietarios recibieron una subrogación del IMSS en 2001, la cual fue ratificada a finales de 2006 por el Seguro Social, pese a que existía un reporte interno que enumeraba diversas fallas, como dio a conocer MILENIO.
• También solicitó al juez primero de distrito de Sonora la autorización para detener a Arturo Leyva Lizárraga, delegado del IMSS en la entidad hasta hace un mes, y Norma Cecilia Mendoza Bermúdez, propietaria del predio donde se encontraba la guardería y la bodega rentada por la Secretaría de Finanzas estatal, donde comenzó el incendio.
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