Esta situación genera que las empresas desarrolladoras de softwares tecnológicos y programas de informática corran mayor riesgo en el plagio de sus productos, y en ocasiones acudan a Estados Unidos para poder protegerse.
“Está pendiente, rezagada y débil por el cambio de legislatura que estamos sufriendo, como que no es interés. Por lo pronto así esta y en las campañas que hemos escuchado de los diputados ninguno ha mencionado la Ley de Sociedades de Información.
“Es algo que debemos retomar e impulsar, y para eso la industria de tecnologías de información, que es una industria muy fuerte de este país, estará haciendo su trabajo dentro de la cámara”.
El dirigente de Anadic destacó que la Policía Cibernética que pertenece a la Procuraduría General de la República (PGR) únicamente persigue los delitos de cohecho, extorsión y de hostigamiento desde la red, pero no los robos o copias de programas.
México se encuentra dentro de los primeros cinco lugares en el robo y venta ilegal de software de información en el mundo, y cuando hay un lanzamiento de un software nuevo al día siguiente, o incluso el mismo día ya está en las calles en versión falsa (pirata) de ese paquete, y las pérdidas económicas suman cientos de miles de millones de pesos; cifra que se renueva diariamente.
“Desafortunadamente estamos un poco retrasados en cuestión de legislación de propiedad intelectual, el registro de marca y el registro de softwares no es tan eficiente en México; debido a esto las empresas batallan para hacer estos registros y en ocasiones tienen que acudir a un registro en Estados Unidos para poder proteger su obra”.
En México, a medida que el software va cobrando mayor importancia o mayor penetración en el mercado es más susceptible de robo y de piratería, incluso hay comunidades de hackers bien integradas y diseminadas en la red que de manera fácil proveen los códigos de activación y las llaves que abren estos programas; “es una lucha constante y las empresas de software están buscando como proteger sus obras”.
Las empresas desarrolladoras de este tipo de programas, al igual que de todos los rubros que hay en el país, cuentan con al protección y asesoría del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) que se encarga de regular las normatividades de estas empresas y marcas, nombres, logotipos, etcétera.
“Tenemos que trabajar mucho más en materia legislativa para homologar el delito de piratería como un delito grave; sí hay interés sobre todo por el daño que representa a la recaudación fiscal”, afirmó.
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