Con la crisis global y la reciente epidemia de influenza, la situación económica del país sufrió un deterioro que se refleja en las finanzas públicas y obliga a introducir ajustes al presupuesto de gasto del gobierno federal, postura que el sector empresarial apoya decididamente.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), dependiente del Consejo Coordinador empresarial (CCE), señaló que “el recorte al gasto público es congruente con la realidad económica que vive el país”.
Esto demostraría “congruencia de parte del gobierno federal, ya que el impacto de la crisis financiera internacional y la emergencia sanitaria plantean una nueva realidad económica para nuestro país, a la que se tiene que hacer frente sin titubeos”.
En este sentido, el CCE y los organismos que lo conforman, “respaldan la reducción de gasto corriente como una medida no sólo emergente sino estructural, que además de ayudar a despresurizar el déficit en las finanzas públicas, evitará que se reduzca el gasto en inversión o, en su caso, aumente la deuda pública en proporciones más allá de las deseables”.
El análisis del CEESP destacó que la estructura actual del presupuesto público, así como las cifras del gasto corriente —que incluye servicios personales, gastos de operación, pensiones y jubilaciones, subsidios, transferencias y aportaciones, entre otros— requiere de asignaciones presupuestales equivalentes al 131 por ciento de los ingresos tributarios.
Dicha proporción debe corregirse, pues limita considerablemente el margen de maniobra y ocupa recursos que pudieran destinarse a inversiones elementales para modernizar al país.
Para el sector privado este es “un buen momento para instrumentar medidas profundas y definitivas de racionalidad en el gasto, tales como reducir plazas de trabajo innecesarias o redundantes, eliminar procesos burocráticos que generan papeleo y gastos inútiles, así como evitar la asignación indiscriminada de equipo y materiales costosos”.
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