Al momento de escribir esta columna están corriendo las 72 horas que OEA dio para que se realicen las “gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y el Estado de derecho”, así como la “restitución” del presidente de Honduras Manuel Mel Zelaya, tumbado del poder, a patadas, siete meses antes de que expirara su mandato de cuatro años –si antes no conseguía cambiar la Constitución al imponer, vía plebiscito popular, el recurso de la reelección infinita. Más de media Honduras se le opuso. Trataron de impedirlo el Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General y el Congreso de la República y la Jefatura de las Fuerzas Armadas. Hasta el Partido Liberal (donde milita el mandatario) rechazó la maniobra de su líder, iluminado de pronto por la fosforescencia de una inmerecida glorificación. Mel Zelaya se montó en el burro de la tozudez y movilizó “al pueblo”, destituyó por decreto a la cúpula castrense y lanzó su ultimátum: todo o nada. Dos horas después, aún en pijama, acabó de despertar Costa Rica: un comando de sus tropas élites lo había puesto de patitas en una calle de San José.
Confieso que me repugnan los golpes militares –porque los militares siempre acaban golpeando a los humildes. Quiero suponer que pudo hallarse una medida menos brutal, acorde a los márgenes de maniobra democrática que ofrece la Constitución. Debo admitir que la información que nos llega desde Tegucigalpa es confusa, emitida desde los polos del conflicto: una derecha perpleja y una izquierda ardorosa. En busca de una versión más equilibrada de lo sucedido en la última semana, me aventuré en una travesía por los blogs centroamericanos, sin brújula ni bitácora, y encontré algunas versiones en verdad clarificadoras. Quiero compartir con mis lectores el punto de vista de una hondureña, Margarita Montes, egresada del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala) y Master en Administración de Empresas, quien escribe en su blogs “La Honduras posible” este preciso artículo, que comparto y cito en extenso:
“La remoción del Presidente José Manuel Zelaya Rosales por parte de las Fuerzas Armadas en la madrugada del domingo 28 de junio, rompe paradigmas de la historia política contemporánea de América Latina. Por primera vez en la era de la post Guerra, un ejército depone un Presidente constitucional y democráticamente electo, para restaurar el Estado de Derecho, y no para romper el Estado de Derecho en un país, como era característico de los militares en épocas anteriores.
“Este caso no se puede catalogar como un “golpe de Estado”, ya que no cumple con dos rasgos fundamentales de dicho fenómeno político: toma del poder por parte del estamento militar y quebrantamiento del Estado de Derecho. La acción tomada por las Fuerzas Armadas de Honduras fue basada en una orden judicial y su propósito fue restablecer el Imperio de la Ley (rule of law), el cual estaba siendo violentado consistentemente por el propio presidente del Poder Ejecutivo, al desconocer las disposiciones del Poder Judicial y del Poder Legislativo (checks and balances). Luego de la intervención de las Fuerzas Armadas, la Constitución Política sigue vigente ya que se respetó plenamente la sucesión de poder establecida por la Carta Magna, con lo cual se nombra un nuevo Presidente Constitucional.”
Y es que desde el punto de vista de la politología, Honduras sentó ayer un precedente, el cual sin duda pasará a ser un caso de estudio (…). Por primera vez en Latinoamérica, el pueblo se rebela, sin derramamiento de sangre y sin violencia, contra un Presidente Constitucional y democráticamente electo, por violar disposiciones legales y la institucionalidad vigente en el país. (…) La comunidad internacional, pública y privada, aún no ha tenido el tiempo, ni los elementos, para percatarse que en Honduras ayer se rompió un modelo y que se trata de un caso completamente sui géneris.
La lección que dio Honduras al mundo ayer es clara: aunque un Presidente haya sido electo democrática y legítimamente, no tiene derecho a desobedecer la Constitución y las leyes de la República. Los pueblos ya no están dispuestos a tolerar ese tipo de abusos de poder de los Presidentes Constitucionales, que muchas veces se consideran intocables, por el mismo hecho de haber sido electos por el pueblo. El mensaje de Honduras es simple: el voto popular no incluye una licencia para delinquir, y todo esfuerzo para gobernar por el bien común debe estar dentro del marco de la ley.
Probablemente, tampoco los hondureños se han dado cuenta de la magnitud de lo que hicieron ayer. Con el paso de los días, los meses y años irán asimilando y comprendiendo la dimensión del nuevo paradigma que han sentado, con un rotundo mensaje para propios y extraños sobre lo que le depara a los dictadores constitucionales y a sus aprendices tropicales. El que tenga oídos, que oiga.