El general Antonio Riviello Bazán, en su libro Chiapas; legal, legítima, necesaria, de un tiraje limitado hecho por Impresiones Aries al Instante SA de CV en el mes de enero de 2009, sostiene que el Plan de Seguridad y Defensa Nacional de 1994 fue poco práctico y el Ejército resultó más pequeño de lo que el entonces presidente Carlos Salinas quería y menos adiestrado de lo que se requería.
Y no sólo eso: no se contaba con una percepción clara sobre seguridad nacional. En su libro, el general señala tres puntos de mayor importancia sobre las diversas posiciones del Ejército en relación con la seguridad nacional.
El 24 de julio de 1980, el general Félix Galván López, entonces secretario de la Defensa con José López Portillo, durante la octava Junta de Comandantes de Zona Militar, expuso una conferencia sobre el tema, “quizá porque el general Galván López no percibía una orientación clara sobre la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en este aspecto, toda vez que bajo su razonamiento el Ejército jugaba un papel incuestionable”. (Al año siguiente inició actividades el Colegio de Defensa Nacional.)
Otro punto de singular importancia fue la propuesta de unificación de las fuerzas armadas, lo que ocasionó un gran disgusto al presidente López Portillo cuando fue enterado de tal intención por el general Galván López, durante la novena Junta General de Comandantes de Zonas Militares. Al final de su gobierno, López Portillo ordenó que se recogiera tal documento, por no considerar conveniente ni justo que quedara en los expedientes relativos.
El tercer factor lo constituyó el hecho de que el general Galván López, en una junta posterior a la que asistió el Presidente y parte de su gabinete, expuso las acciones que consideraba necesarias en el caso de una intervención del Ejército en el sureste del país.
“El doctor (Ernesto) Zedillo, secretario de Programación y Presupuesto, en su visita al cuartel general de la cuarta Región Aérea del Sureste, en Terán, Chiapas, conoció de manera pormenorizada las acciones desarrolladas por la Sedena y escuchó un informe detallado de la situación en aquella región, dos años y medio antes de que estallara el conflicto.”
Aparte del presidente Salinas, Ernesto Zedillo fue sin duda uno de los funcionarios más informados por el Ejército de lo que pasaba y pasaría en Chiapas.
“Solución adelantada”
El Ejército, tras las manifestaciones de violencia y actividades de proselitismo de los miembros de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, así como los enfrentamientos con la tropa, consideró que ante la inminente agresión debía poner en alerta a todos sus efectivos y aprestarse al ataque.
Sin embargo, a petición del Ejército, desde mediados de 1993 el gobierno federal estableció el “Programa para el Desarrollo de la Región de la Selva Lacandona, Frontera Sur” y nombró a Luis Donaldo Colosio para su operación y ejecución. “Acciones con visión de Estado trató de llevar a cabo el entonces titular de Sedeso, Luis Donaldo Colosio”.
La Sedena calificó la medida como “solución adelantada” y se congratuló considerando que su aplicación efectiva desactivaría el conflicto en gestación. Este programa, que en esencia era de asistencia social, fue concluido en agosto de 1993.
A fin de estimular sus labores con mayor compromiso y eficacia, se convino que todos los miembros del gabinete realizaran visitas a la zona del conflicto de manera paulatina (uno cada semana).
El general Riviello insiste en el hecho de que el conflicto armado se gestó 10 años antes, al apuntar una serie de antecedentes:
1974. Se celebra el primer Congreso Indígena en San Cristóbal de las Casas, “promovido por Samuel Ruiz”.
Marzo de 1989. La Sedena informa a Gobernación la existencia de una red de radio operada con fines subversivos.
Agosto de 1989. En la parroquia de San Miguel Arcángel Tumbalá el sacerdote argentino Jorge Alberto Barrón Guillén inició el adiestramiento armado.
Agosto de 1990. Se detecta la presencia de grupos armados en algunos ejidos, principalmente en El Mico y El Quemado, y de su principal asesor, el sacerdote Heriberto Cruz Vera.
Enero 1991. Elementos del 83 batallón de infantería obtiene información relacionada con el ejido Quintana Roo sobre adoctrinamiento en actividades de subversión, política, religión y adiestramiento militar, utilizando artesanías de madera para figurar fusiles. Este lugar lo dirige el párroco de Sabanilla, Felipe de Jesús Roussant Loera.
Septiembre de 1991. Se detiene al párroco de Simojovel, Joel Padrón González, quien por intervención de organizaciones como American Rigth Watch y Amnistía Internacional logra su libertad.
Marzo de 1993. Asesinan e incineran a dos oficiales del Ejército. Los presuntos asesinos, consignados por el Ministerio Público, quedan libres por intervención de Samuel Ruiz, “tantas veces venerado por los glorificadores de la violencia.
“Nula resultó la intervención de las autoridades del gobierno, las tropas no tuvieron más opción que retirarse a sus cuarteles. Ganaron los intereses de los agresores y de esta simple manera lograron su supervivencia y la seguridad de reforzar y preparar el ataque. El Ejército, que en estas circunstancias se encontraba limitado y maniatado, quedó en espera de la puñalada, que trataron fuera a traición y por la espalda.
“Los acontecimientos en 1993, al no actuarse conforme a derecho con los transgresores, dejaron a nuestras excelentes tropas reprimidas y maniatadas, frente a un grupo armado que los embosca y los mata, pero apoyados además por una Quinta Columna o Quinta Pluma, por algunos políticos y grupos activistas, que desde dentro y fuera del país los injuria y los calumnia, dando tiempo suficiente para preparar la justificación del movimiento armado.”
De acuerdo con el libro del general Riviello Bazán, el inicio del conflicto en Chiapas se puede establecer a las 8 de la noche en el poblado de Las Margaritas, lugar donde el párroco Mauricio Olvera celebró la misa de acción de gracias por el fin de año; esta misa, por tradición, era celebrada a la medianoche, destacándose que en su sermón el párroco dijo a los feligreses: “Es momento del cambio, va a empezar la guerra”.
Herencia del Ejército federal
Según el general Riviello Bazán, el instituto armado arrastraba, como herencia del Ejército federal, una pesada carga de corrupción: el préstamo dentro de la institución. Esta costumbre, aceptada por la mayoría de las tropas, cubría necesidades generadas por los bajos salarios recibidos. De esta manera, soldados, clases, oficiales y en ocasiones jefes quedaban a merced, como último recurso, de los pagadores militares, o bien, de sus propios comandantes de compañía, bajo la protección de los comandantes de corporación.
Pero no fue sólo el afán de lucro de los comandantes, aprovechándose de los más débiles, lo que dio motivo a esta práctica. También los altos mandos de la propia secretaría, con su actitud negligente, dieron pie a estos abusos.
La burocracia administrativa central se desatendía de cubrir casi todas las necesidades de vida y operación de las unidades, razón por la cual estas necesidades sólo podían ser solventadas, a juicio de los comandantes de corporación, con el dinero que se generaba del préstamo militar, o bien mediante la práctica, también ilegal, de mantener vacantes o desertores sin cubrir, es decir, los llamados pilotos o aviadores.
“Quizá el hecho más lamentable y penoso de toda esta corrupción resultaba ser el que los gobernadores y presidentes municipales también proporcionaban recursos para esos menesteres, independientemente de las grandes complicidades que se creaban, dejando mucho que desear el grado de autonomía de las unidades para actuar en los mandos territoriales”.
Riviello Bazán reconoce que hubiera resultado iluso de su parte pensar que sólo por decreto o por una orden estas costumbres tan arraigadas fueran desterradas.
“Desde antes de 1994, como hasta ahora, a casi tres lustros, sólo hemos visto un conjunto de activistas, nacionales y extranjeros hacer uso de una intensa campaña mediática en favor de los indígenas, pero sin acciones de ningún tipo que ayuden a los habitantes de esa región a salir de su ancestral atraso. Esto obliga a meditar que no existe ilusión más grande que la de creer que podemos vivir en un mundo interdependiente.
Al llegar en su libro a diversas conclusiones, el general Riviello Bazán sanciona: “La disciplina es imprescindible en los ejércitos, pero no es disciplina el silencio impuesto. Ni es disciplina la obediencia forzada. Las fuerzas armadas necesitan, de manera urgente, recuperar el respeto y el prestigio perdido. Hasta hoy sólo han sido blanco de ingratitudes, deslealtades y olvido. Y ante estas situaciones para los soldados mexicanos, únicamente les queda la satisfacción del deber cumplido”.
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Participación legal
••• El presidente Felipe Calderón envió en abril al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional, en la que plantea la figura de “declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior”, con la que se justifica la intervención de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada.
La participación del Ejército en la lucha contra el hampa está fundamentada en la tesis 36/2000 (“sin sustituir a las autoridades apoyadas”) y ha sido cada vez más activa desde 2007, según un análisis de la Sedena.
Las acciones militares contra el tráfico de drogas se han realizado en tres etapas: entre los años 50 y 80, periodo en que la delincuencia organizada orientó sus actividades a la siembra, cultivo y cosecha de mariguana y amapola, además del trasiego.
En la segunda etapa (entre los 80 y 2006) la delincuencia amplía la actividad del tráfico de cocaína. La tercera inició en 2007, cuando “por el estado de deterioro de la seguridad pública las fuerzas armadas asumen el control y ejecución de las operaciones, debido a que el narcotráfico se convirtió en una amenaza a la seguridad interior. (México • Ignacio Alzaga)
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