El Consejo Nacional de Seguridad Pública sesiona hoy por cuarta ocasión desde agosto pasado, cuando el caso Martí lo sacó de su ominoso letargo.
Importa mucho saber en qué medida las autoridades implicadas han cumplido los compromisos que asumieron públicamente.
Urge, claro, asegurar los recursos y fijar plazos precisos a los rezagados gobiernos de 31 entidades para que integren sus equipos especializados antisecuestros (¿por qué sólo el Distrito Federal tiene ya un grupo certificado por la Secretaría federal de Seguridad Pública?)
Con el michoacanazo y su explicable politización como contexto, de la reunión de este martes debe surgir una estrategia eficaz para enfrentar la evidente fragilidad de ayuntamientos y administraciones estatales ante las persuasivas y poderosas organizaciones criminales que aplican la de plata o plomo.
Fe de error. En El asalto a la razón de ayer se escribió que el tope de gastos de campaña por una presidencia municipal fue de 490 millones de pesos, en vez de 490 mil.