Son muy pocos los estados de perfil tripartidista: Zacatecas, Morelos y Michoacán son algunos de éstos. Es allí donde se han iniciado acciones judiciales contra el crimen organizado y que involucran a funcionarios locales. La justicia, la buena justicia, no hace distinciones, tampoco atiende a calendarios: su acción debe ser una constante, no acentuarse por momentos, especialmente en los electorales; la suspicacia será inevitable. El precedente más nocivo al respecto tuvo lugar en vísperas de la elección de gobernador en Jalisco, hace tres años. Es difícil afirmar que eso haya inclinado la balanza a favor del candidato del partido gobernante, lo que sí es un hecho es que abrió un capítulo más en la desconfianza en la justicia,
por la subsecuente inocencia de inculpados.
El país vivió uno de sus momentos más difíciles con la eventual inhabilitación de López Obrador para ser candidato presidencial, por la presunta responsabilidad penal derivada del desacato a una sentencia de amparo. También se ha dicho, con falsedad, que en 2000, desde la Presidencia se decidió no impugnar la candidatura del político tabasqueño por deficiencia en acreditar residencia; tal decisión tuvo lugar en el seno de la campaña del PRI; las razones se desconocen, pero los involucrados debieran salir del anonimato y aclararlas.
Los procesos judiciales pueden afectar el curso de las elecciones. Ese es un problema; otro, quizá más grave, es el descrédito que asumen las autoridades por utilizar la justicia penal como instrumento electoral. En los tres estados aludidos han ocurrido acciones contra el crimen organizado que vincula a servidores públicos; en Michoacán la situación se ha vuelto todavía más seria, porque ha involucrado a colaboradores cercanos al gobernador y a funcionarios electos, especialmente, presidentes municipales.
Es explicable que el gobernador Leonel Godoy no haya sido informado del operativo; también lo es la molestia del mandatario con las autoridades federales. Es un giro positivo que el gobernador haya depuesto el enojo y pase a la colaboración. Sin embargo, persiste la obligación de las autoridades federales de acreditar de manera fehaciente la presunción de responsabilidad de las personas detenidas y hoy sujetas a arraigo. La fuerte presencia del crimen organizado en Michoacán no es prueba, ni siquiera significa presunción legal respecto a alguien en particular. La justicia penal implica medios de prueba y convicción sólidos para actuar frente a cualquier persona. Las investigaciones pueden realizarse con un relativo margen de libertad, no así las detenciones.
Tan importante como delicado es el paso que han dado las autoridades. El blindaje a la suspicacia lo deben aportar los elementos de prueba, los que deben ser valorados no sólo por las autoridades ministeriales, sino por las judiciales. Es crítico que el Poder Judicial Federal, en estricto desempeño de su función, ratifique los elementos de probanza, primero, con el auto de formal prisión, después, con una sentencia condenatoria.
Es deseable y posible que las autoridades federales hayan actuado con suficientes elementos para proceder de esa forma, en este momento y frente a tales presuntos responsables. La actitud reciente del gobernador así lo parece indicar. Sin embargo, insisto, las acciones deben ser valoradas no en el ámbito de la política ni del prejuicio, sino estricta y exclusivamente, en el del proceso penal. La PGR tiene mucho por explicar.
Más allá del proceso judicial está la política y en ésta, la de carácter electoral. Los partidos lo único que deben demandar son pruebas, pero no que las autoridades dejen de actuar argumentando que es tiempo de elecciones o porque son correligionarios. Debe preocuparles que el crimen organizado infiltre campañas o que intimide candidatos. Esto es una realidad que no se resuelve a través del IFE, sino de la información de inteligencia de autoridades. No le corresponde a los partidos absolver a los propios, tampoco acusar a los adversarios. En todo caso para eso está la obligación de denunciar ante las autoridades competentes.
Los hechos están a la vista, lo menos que se puede decir es que ha sido una imprudencia monumental que los partidos estén haciendo campaña a través de la lucha contra el crimen organizado. Nadie en su sano juicio puede asignar al adversario –como partido– ser parte del crimen organizado. Son estos casos en los que el IFE debiera actuar con toda energía, para evitar que la disputa electoral no se vuelva coartada para la calumnia o la mentira. No es un tema a trivializar o a ver como una modalidad más de campaña negra. Partidizar la justicia penal relacionada con el crimen organizado es la manera más perniciosa de polarizar la elección.
De igual manera debe mantenerse el mayor cuidado en la referencia al Ejército mexicano; es una institución que no debe manosearse con la ligereza, las dirigencias de los partidos y los candidatos deben resistirse a la tentación de obtener ventaja por las acciones que emprende el Ejército en materia de seguridad. Su actuación y credibilidad no debe utilizarse con propósitos electorales o partidistas. Ante al Ejército debe haber mucho más que mesura o prudencia: respeto.
La política y la responsabilidad pública tienen un ciclo que va más allá de la temporalidad propia del calendario electoral. Los comicios intermedios y de gobernador concluyen el 5 de julio, no así la tarea que deben realizar partidos, legisladores y autoridades en bien del país. Es explicable que las pasiones y la retórica partidaria se presenten en el afán de ganar el voto o de mejorar el posicionamiento de las fuerzas políticas; pero debe haber sentido de los límites. Las elecciones son importantes, todavía más las responsabilidades. Mucho significa el 5 de julio, mucho más lo que venga después. La justicia penal no debe atender calendarios, tampoco discriminar a partir de condiciones políticas de inculpados, su fortaleza y único blindaje es la estricta legalidad en la actuación de sus autoridades. Por el bien de la justicia, es urgente acreditar que así ha acontecido.