La presencia del gobierno de Estados Unidos en México crece. Como parte de la Iniciativa Mérida, Washington prepara una invasión burocrática sin precedentes: traerá a decenas de nuevos agentes para realizar labores administrativas, de inteligencia, intercepción de armas, reforma de prisiones y operaciones antinarcóticos, entre otras.
De esta forma, las oficinas en México de la DEA, el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) aumentarán a máximos históricos su personal para hacer frente a los cárteles no sólo con más recursos, sino con más elementos.
Según las ofertas de trabajo expedidas por el Departamento de Estado y la embajada estadunidense, Washington inició el traslado de una treintena de funcionarios, que serán la columna vertebral de la Iniciativa Mérida.
La mayor parte de plazas estarán asignadas a la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la embajada, que formará parte a su vez de la nueva Oficina Bilateral de Combate al Narcotráfico, anunciada en marzo pasado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
El administrador
La llegada de funcionarios incluye administradores, consejeros, expertos en números, entrenadores de seguridad y asesores de distintos grados, todos encargados de administrar y operar los nuevos programas bilaterales contra el crimen organizado.
Según los contratos, el Buró Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Legales del Departamento de Estado ha abierto entre sus nuevas posiciones a un “administrador de servicios financieros”, quien se encargará de manejar los fondos de la Iniciativa Mérida.
“Esta posición estará asignada a la embajada en México. El funcionario servirá de consejero financiero al director de Asuntos Antinarcóticos y administrará los 12 proyectos que actualmente tiene la Oficina de Asuntos Antinarcóticos en México”, se explica en el contrato PSC-09-024-INL.
Aquí se revela que bajo la Iniciativa Mérida el número de proyectos antinarcóticos de Washington en el país se triplicará en 2009 y 2010 hasta llegar a 30.
Otras dependencias tendrán por primera vez presencia en México, como el Buró Federal de Prisiones y el Servicio de Investigación del Servicio Postal, que inviarán a funcionarios para apoyar la reforma de los sistemas penitenciarios.
Según el contrato PSC-09-018, el Buró Federal de Prisiones tendrá un “coordinador de reforma para programas correccionales”, al que se delegará la tarea de asesorar a la SSP federal sobre la reforma al sistema penitenciario nacional.
“El coordinador proveerá de experiencia técnica y asistirá al gobierno de México en alcanzar sus objetivos en la reforma del sistema de prisiones. Ofrecerá asistencia en varias áreas y servirá al subsecretario de Sistemas Penitenciarios, presentándoles la experiencia de Estados Unidos y otros países para que puedan ser usados por el gobierno mexicano.”
Entre los temas que estarán en su agenda se incluyen entrenamiento de custodios, seguridad de las cárceles, derechos humanos, y supervisión o construcción de nuevos centros carcelarios.
El incremento en la contratación de nuevo personal incluye apoyo de empresas privadas que han sido subcontratadas por el Departamento de Estado para traer a sus propios especialistas, conocidos como contratistas de servicios privados.
Hasta el momento, la empresa Dyncorp ha contratado a tres funcionarios para administrar su participación en la Iniciativa Mérida, uno de los cuales estará en la Ciudad de México y ayudará a la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la embajada a “mantener buen contacto con las agencias de seguridad mexicanas”.
Armas y drogas
Considerada pieza vital en el combate al tráfico de armas desde Estados Unidos a México, la oficina de ATF en nuestro país virtualmente duplicará su tamaño: pasará de cinco agentes con los que cuenta actualmente a un total de nueve, lo que la convertirá en una de las agencias con mayor presupuesto y personal después de la DEA.
En tanto, la agencia antidrogas, a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, será una de las más fortalecidas con el incremento de personal. Tendrá nuevos funcionarios en áreas como intercepción de drogas y seguridad fronteriza.
En lo que a intercepción de drogas se refiere, la embajada contrató en enero pasado a un consejero, de acuerdo con el contrato PSC-09-011-INL, en el que se precisa que el funcionario tendrá la obligación de ayudar al gobierno mexicano a elaborar su estrategia de intercepción de drogas enviadas desde Sudamérica a México o de aquí a Estados Unidos.
“Proveerá asistencia y ayuda en la implementación de los proyectos de intercepción (…) ayudará a la aplicación de proyectos diseñados para mejorar las operaciones de intercepción del gobierno mexicano y servirá de enlace con autoridades federales, estatales y municipales para aconsejar en materia de actividades que alienten la intercepción de drogas, la construcción de instituciones, mejor entrenamiento y apoyo a programas especiales.”
En materia de seguridad fronteriza, Washington lanzó el contrato PSC-09-021-INL para reclutar a un subcoordinador de programas de seguridad fronterizos, cuya tarea será trabajar con el Cisen, Migración, PGR, Hacienda, SSP, Defensa, Relaciones Exteriores y Marina en proyectos que permitan mejorar la seguridad de la frontera.
Los contratos PSC-09-010-INL y PSC-09-019-INL fueron ofrecidos, en tanto, a dos especialistas en el entrenamiento de personal policiaco y militar mexicano, en especial de policías, inspectores, jueces y ministerios públicos.
“El asesor hará un análisis de las fuerzas de seguridad y desarrollará estrategias de corto y largo plazos sobre la capacitación de sectores judiciales”.
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