El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, urgió al jefe del Ejecutivo federal a definirse a la brevedad sobre las formas en que el Ejército dejará paulatinamente de participar en labores de seguridad pública que, por ley, deben realizar las policías federal, estatales y municipales, esto ante el incremento de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en que incurren militares.
Entrevistado durante una gira de trabajo en Culiacán, Sinaloa, observó que el retiro de las fuerzas armadas debe ser un proceso ordenado y no súbito. Además, debe señalarse un tiempo prudente para asumir que se ha capacitado y preparado a esas policías para cumplir las funciones que las leyes les asignan.
Criticó que en las actuales circunstancias, la Procuraduría General de la República parezca estar en una completa pasividad, porque desde que los soldados salieron a la calle a enfrentar a las bandas del crimen organizado, prácticamente no funciona; hay que saber, dijo, si ya no investiga los homicidios y otros delitos federales que son consecuencia del combate a la ola de violencia delictiva.
Al participar durante la firma del Convenio de Colaboración entre las comisiones nacional y estatal de derechos humanos para poner en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Sinaloa, Soberanes expresó que el combate a la delincuencia debe hacerse siempre con la ley en la mano, o de otra manera nos encaminarnos hacia un callejón sin salida en cuyo final no está la justicia, sino la anarquía, la barbarie, la violencia ciega y la venganza entre particulares.