La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo público anoche el proyecto de dictamen sobre los hechos ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, el cual será analizado por el pleno de ministros a partir del 9 de febrero.
En el documento, elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, se resuelve que “se incurrió en violaciones graves de garantías individuales” y señala a más de 2 mil 700 servidores públicos de todos los niveles —entre ellos el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, y el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto— que tuvieron injerencia en los hechos, y cuyos actos u omisiones “configuraron las violaciones apuntadas”.
En entrevista transmitida en el Canal Judicial, Gudiño Pelayo dejó claro que el proyecto no señala culpables, sino sólo menciona a quienes de manera directa o indirecta participaron en los acontecimientos.
El meollo del dictamen, indicó, es si fue legítimo el uso de la fuerza pública; sin embargo, puntualizó que entre las omisiones detectadas sobresale la insuficiente regulación legislativa para determinar los límites y el ejercicio del uso de la fuerza.
Señaló que en México no existen protocolos de actuación de la policía, para que tanto los uniformados como los civiles sepan qué hacer ante estos acontecimientos.
“Tengo la impresión personal de que México está llegando muy tarde” a este tema, expresó el ministro.
La comisión investigadora del caso Atenco informó al ministro que a pesar de que se cometieron violaciones a las garantías individuales, no existen datos objetivos que demuestren que las violaciones a los derechos humanos obedecieron a expresas instrucciones y órdenes en ese sentido.
Tampoco hay indicios de que las diferentes autoridades que intervinieron en los operativos policiales se hayan organizado para causar daños o preparar la agresión a los pobladores.