La administración de Vicente Fox entregó a la de Felipe Calderón un Estado “doblegado por el poder de grupos criminales”.
Según la repuesta del Ejecutivo a una de las preguntas parlamentarias del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, al inicio de su gobierno México enfrentaba “uno de sus más graves momentos” en términos de Estado.
“Estaba doblegado por el poder de grupos criminales que conducían sus actividades delictivas (narcotráfico, secuestros y tráfico de drogas, entre las principales) con absoluta impunidad y el Estado no podía cumplir a cabalidad con su obligación de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio”, sostiene.
Inquirido por el PT sobre la permanencia de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la PGR, Calderón explica: “a la violencia que se vivía en México se sumaba la imagen denostada de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia frente a la ciudadanía”.
Asegura que los medios de comunicación contribuyeron a la pérdida de credibilidad de las instituciones, al constituirse en jueces de la actuación de las policías.
“La ineficiencia de las policías para combatir el crimen, los crecientes índices de inseguridad y la eficaz estrategia de los medios para asumirse como jueces de la actuación de los policías contribuyeron al descrédito de las instituciones de seguridad y procuración de justicia”
Agrega que “el diagnóstico inicial reconoció que los esfuerzos gubernamentales, en los tres órdenes de gobierno, no habían sido suficientes para mejorar el clima de inseguridad, violencia e impunidad que se vive en México desde hace alguna décadas”.
Por ello, abunda, la estrategia de combate a la delincuencia que ha propuesto “tiene como punto de partida las condiciones de inseguridad que había en el país al asumir el poder”.
La respuesta al PT señala también que “desde el inicio de la presente administración, el Ejecutivo federal se comprometió a encabezar un gobierno que combatiera frontalmente al crimen organizado”.
Ese “desafío”, abunda, se dio en dos vertientes: “por un lado la necesidad urgente de frenar las actividades e impunidad con que se conducían los criminales en todo el país para mejorar las condiciones de seguridad de los mexicanos”.
Por otro lado, “era igualmente necesario contar con instituciones de seguridad pública y procuración de justicia profesionales, confiables y efectivas a largo plazo, sin desatender la crisis de inseguridad que enfrentaba el país”.
Estas condiciones “influyeron en la decisión de los nombramientos del procurador general de la República y del secretario de Seguridad Pública”, quienes “tienen el liderazgo y la capacidad profesional que se requiere para el desempeño de sus funciones”.
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Claves
El cuestionario
El 4 de noviembre, la Cámara de Diputados envió al presidente Calderón 68 preguntas para ampliar los datos que contiene su segundo Informe de Gobierno.
El cuestionario fue planteado por las ocho bancadas representadas en San Lázaro sobre temas de política interior, exterior, económica y social.
El PAN le planteó 14 preguntas al mandatario, PRD 13, PRI 13, Convergencia 7, PVEM 7, PT 5, Nueva Alianza 5 y Alternativa 4.
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