Robar una escuela en Nuevo León ya no será cosa de niños.
Ayer, el Congreso local aprobó reformas definitivas al Código Penal del Estado para tipificar como delito grave esta acción.
No va a tener derecho a fianza (este delito), así que estas personas que se dedicaban a hurtar escuelas pues que tengan cuidado, porque ahora no van a salir libres, sentenció el presidente de la comisión de Seguridad, Fernando Kuri Guirado.
Previo a las modificaciones realizadas al marco legal, los atracos en planteles educativos eran considerados por las autoridades como un robo simple, que no ameritaba un castigo ejemplar para los ladrones, en su mayoría jóvenes menores de edad o que apenas rebasan los 18 años.
Ahora, la gravedad en el delito se configurará cuando el monto de lo robado ascienda a 50 salarios mínimos, un promedio de dos mil 500 pesos.
Lo anterior se dio a raíz de que los diputados del Partido del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD), observaran que la pena era muy grande para aquellos que únicamente sustraían una silla o un gis, hecho que ocurre con frecuencia.
No obstante, quiénes sean sorprendidos en poder de equipo como computadoras o demás inmobiliario de valor, el castigo irá de dos a seis años de prisión.
En los últimos años se ha incrementado el robo en los planteles educativos públicos y privados, y eso consideramos que es grave, por eso estamos haciendo esta reforma, no es el valor del objeto, sino el daño que ocasionan a la educación, precisó Kuri Guirado.
La presidenta de la comisión de Educación, María Dolores Leal Cantù, coincidió en que los índices delictivos en los centros de enseñanza van a la alza.
De acuerdo a un reporte de las autoridades policíacas, los ladrones tiene incluso preferencia sobre cierto inmobiliario y equipo de los planteles.
Sobre todo en lo que es cableado y lo que es sistema de cómputo, no tengo exactamente ahorita el dato estadístico (de robo), pero es un dato alto, sobre todo en las colonias más vulnerables, donde las condiciones de vida de los niños es más difícil, informó la diputada de Nueva Alianza.
El problema se agrava, precisó Leal Cantù, ya que las autoridades de la Secretaría de Educación y las sociedades de padres de familia no reponen de inmediato el material robado, hecho que retrasa los programas educativos.
La reforma al Código Penal establece que los nuevos criterios aplicarán exclusivamente cuando los atracos se cometan contra escuelas públicas, o bien de carácter privado pero con reconocimiento oficial.