Ante el pleno de la Cámara de Diputados y tras rendir protesta de decir verdad, en un acto inédito, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, reconoció la insuficiencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional para enfrentar a la delincuencia organizada, al tiempo de advertir la necesidad de reestructurar el órgano de inteligencia para preservar la estabilidad y la gobernabilidad democrática.
Al poner en marcha los operativos y anunciar la lucha frontal contra la delincuencia organizada, eran insuficientes las capacidades del Cisen y había la necesidad de reforzarlo, dijo, y admitió que dicha instancia es todavía insuficiente y seguimos trabajando en el fortalecimiento del mismo.
Por ello, agregó, hay un objetivo claro: el propósito que ha anunciado la administración respecto a su reestructuración, transformarlo en ese órgano de inteligencia con un alto grado de eficacia en su operación, que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, y a dar sustento a la gobernabilidad democrática y a fortalecer el estado de derecho, agregó Mouriño.
Acompañado en la comparecencia por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el procurador general Eduardo Medina Mora, el responsable de la política interna descartó el repliegue del Estado en la lucha contra el crimen organizado, así como cualquier pacto con la delincuencia.
A pregunta expresa durante su presentación ante la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de Gobernación sostuvo que el dinero del narcotráfico en las campañas electorales es un riesgo latente y por ello llamó a un acuerdo entre los partidos políticos para evitar esa posibilidad.
Reconoció asimismo que las policías del país están efectivamente infiltradas por el narcotráfico y, en ese sentido, aseguró que mientras las policías estén infiltradas, no podemos garantizar a plenitud la seguridad, y tampoco gozar de la confianza de los ciudadanos.
Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, admitió que las corporaciones policiacas del país sufren un rezago y deterioro estructural de más de treinta años, por lo cual insistió en la necesidad de establecer un nuevo modelo policial, acorde al reto de la delincuencia organizada.
En su turno y a nombre del grupo parlamentario del PRI, el diputado César Camacho sostuvo que la política de seguridad pública del gobierno federal está marcada por la trilogía del desamparo: la deficiencia, la demagogia y el desorden.
Arremetió, además, contra Felipe Calderón, al sostener que el desamparo se acrecienta cuando un atemorizado Presidente de la República, con una mezcla de cinismo y evasión, dice que se suma a los reclamos ciudadanos (de seguridad), cuando el destinatario es el poder público y muy especialmente él.
Por el PRD, las diputadas Aleida Alavez, Valentina Batres y Claudia Cruz acusaron a la administración de Calderón de generar la ingobernabilidad y acumular fracasos en materia de seguridad, además de exigir la renuncia inmediata de Mouriño, García Luna y Medina Mora, a quienes incluso amagaron con juicio político por faltar a la protesta de decir verdad.