Un grupo de ciudadanos que están contra la ley general para el control del tabaco se reunió con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Ernesto Saro, para plantearle su inconformidad con el contenido de esta legislación que será sometida a votación el próximo martes.
Acusaron que esta legislación discrimina a los más de 20 millones de consumidores de tabaco y consideraron absurdo que se prohíba fumar en establecimientos como bares, cantinas y discotecas, a lo que demandaron locales para fumadores.
En la reunión a la que acudieron, entre otros, integrantes de la sociedad civil el periodista Carlos Marín, lo mismo que Tere Vale, se planteó al presidente de la Comisión de Salud que la ley que está por aprobarse en el Senado atenta contra garantías individuales al restringir el derecho de los ciudadanos mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales a decidir si desean o no fumar.
Plantearon al senador Saro la posibilidad de espacios o islas en los establecimientos mercantiles, donde se permita fumar, sin afectar a terceros.
Además, dejaron ver que la obligación que representará en adelante que los establecimientos tengan que adecuar espacios aislados para los fumadores, se ha traducido en una advertencia de incumplimiento, por la vía del amparo. Asimismo, representarán inversiones adicionales para los empresarios agrupados en la Canirac.
El senador panista se comprometió a revisar sus demandas y tomarlas en cuenta dentro de los argumentos que serán llevados a la tribuna del Senado este martes, cuando se someta a votación.
Entre sus argumentos contra esta legislación federal, el grupo de ciudadanos expresó que los propietarios de los comercios tienen derecho a elegir a su clientela, y así como hay lugares destinados para el sector homosexual de la sociedad, debe haber espacios para los consumidores de tabaco, ya que lo contrario sería una medida fascistoide.
Advirtieron que no permitirán la discriminación y pese a ser un sector minoritario de la sociedad, sus derechos también deben hacerse valer y ser respetados, al tiempo que pidieron a los legisladores no arrogarse la facultad de limitar las libertades ciudadanas.