Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Nacional Autónoma de México analizan si la Iglesia está en su derecho de cerrar la Catedral Metropolitana, inmueble histórico, considerado patrimonio de los todos los mexicanos.
En opinión de Jorge Trasloshero, doctor en historia e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, la Arquidiócesis de México está en su derecho de cerrar el recinto religioso, luego de la agresión de la que fueron objeto sus fieles, el pasado domingo, mientras en el zócalo capitalino se desarrollaba el mitin político del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.
Para el arquitecto Pedro Paz, especialista en patrimonio e investigador de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, se deben distinguir dos planos: uno, que la Catedral, como monumento histórico, es propiedad federal; y dos, que este inmueble tiene un uso religioso. Abrir o cerrar la puerta de este templo es una decisión que le corresponde a la Iglesia como institución; pero en estricto sentido de derecho, habría que preguntarse si el usuario, quien finalmente es el depositario de esta propiedad, es el que debe tomar esa decisión.
Trasloshero asegura que independientemente de las justificaciones que se den, el domingo pasado en la Catedral hubo una violación clara y directa a un grupo de personas que ejercía, de manera pacífica, una de las garantías básicas de la Constitución: la libertad de cultos y de creencias.
No podemos perder de vista este hecho, porque sin él no entenderíamos qué está pasando, indica.
El especialista del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM asegura que la Ley de las Asociaciones Religiosas es muy clara en cuanto al uso de los edificios destinados al culto, sobre todo cuando se refiere a los monumentos nacionales.
Eso significa que la custodia de la Catedral Metropolitana pertenece, en este caso, a la arquidiócesis de México, convirtiéndose en la primera responsable del buen uso del inmueble.
Pero al mismo tiempo debe garantizar que los fieles que ahí ejercen sus garantías constitucionales, lo hagan libremente.
Legalmente la arquidiócesis de México tiene todo el derecho de cerrar el templo, en tanto no se garantice la seguridad de los fieles, porque la primera responsable del templo es la Iglesia.
Al respecto, Pedro Paz, especialista en Patrimonio, sostiene que en estricto sentido habría que colocar esta problemática en un plano de propiedad federal para poder garantizar el acceso a todos los mexicanos, católicos o no creyentes, para que puedan hacer uso de él.
Sin embargo, el investigador considera que esta situación tiene que resolverse desde un punto jurídico, porque está claro que se trata de un conflicto político.
Ya quedó establecido en las Leyes de Reforma que los inmuebles religiosos que datan de la Colonia son propiedad de la nación, aunque su uso lo tenga la Iglesia. En el siglo XIX hubo un acuerdo entre el Episcopado y el gobierno juarista para ver cuáles templos se mantenían abiertos al culto. Entonces, jurídicamente, hay razones para establecer esta referencia.
Desde el pasado martes, MILENIO solicitó una entrevista con el doctor Xavier Cortés Rocha, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para que fijara la postura del gobierno federal sobre este acontecimiento, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta.
Razón legal y moral
Si la Iglesia decidiera cerrar la Catedral Metropolitana de forma definitiva, incurriría en una irregularidad, porque estaría renunciando prácticamente al uso de este inmueble, catalogado como Patrimonio de la nación.
Al parecer no es el caso, indica Jorge Traslosheros: lo único que está exigiendo la Iglesia es el respeto a los feligreses. Analizado desde este punto de vista, el Arzobispado tiene la razón legal y moral de cerrar preventivamente el recinto, mientras no se asegure y garantice la seguridad de los fieles.