La Procuraduría General de la República señaló que no tiene información de que estén detenidos o recluidos en algún penal federal o estatal Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los dos presuntos guerrilleros cuya liberación exige el EPR, grupo armado que reivindicó anteayer atentados explosivos contra gasoductos de Pemex ocurridos en el Bajío.
La representación social federal dijo que están reuniendo información sobre los presuntos guerrilleros que, según el EPR, se encuentran bajo arresto en Oaxaca.
El gobierno de Oaxaca también rechazó tener en prisión a los dos eperristas.
Sin embargo, Nadín Reyes Maldonado hija de Reyes Amaya denunció que ninguna autoridad se quiere hacer responsable de la captura de su padre a más de un mes de que desapareció en Oaxaca, por lo que anunció que en las próximas horas interpondrá una denuncia penal por la desaparición forzada de su padre.
La denuncia la presentaremos ante autoridades federales y estatales, y no deberá de pasar de esta semana, indicó.
La denunciante señaló al gobierno del estado como responsable inicial de la desaparición de su padre.
Ellos dicen que no lo tienen, pero no lo van a aceptar, y la idea es agotar todos los medios jurídicos, expuso.
Explicó que para tratar de localizar a su progenitor interpuso ante un juez federal un amparo por incomunicación desde el pasado 27 de junio, mediante el cual todas las autoridades del país tienen que informar si tienen como detenido a Edmundo Reyes Amaya.
Oaxaca ha reconocido de forma oficial ante el juez de amparo que no lo tiene; aparentemente no lo tienen en ningún lugar de Oaxaca. Lo que se estamos esperando es que se entreguen todos los informes que se están recabando para con ello levantar la denuncia penal.
De acuerdo con la joven, lo último que supo de su padre es que desapareció, hecho del cual tuvo conocimiento mediante la publicación en los medios impresos del comunicado del EPR.
Yo no sabía que pertenecía al EPR. Primero nos enteramos de la desaparición y luego de la presunta relación que tiene con ese grupo. Mi papá que se dedicaba a atender una pequeña tienda de abarrotes en la Ciudad de México siempre mostró interés por ayudar a la gente que le rodeaba, pero aun así se nos hizo sorprendente.
Aseguró que su padre viajó a Oaxaca el pasado 25 de mayo para visitar a su abuela, viajes que, aseguró, eran constantes.
Reyes Maldonado reconoció que su familia tiene miedo de que sean hostigados por las autoridades por el presunto vínculo de su padre con la organización.
La PGR y la Secretaría de Seguridad Pública Federal informaron que mediante un informe de colaboración ya se solicitó a las distintas autoridades estatales informes sobre la posible captura o detención tanto de Reyes Amaya como de Rivera Bravo.
El gobierno federal continúa recabando información sin que hasta el momento se pueda acreditar que estas personas están detenidas en alguno de los centros de detención y reclusión estatales y municipales que conforman el sistema nacional penitenciario.
Asimismo, funcionaros consultados de la dependencia explicaron que continúan las pesquisas para determinar la mecánica que utilizaron para efectuar los atentados en los ductos de Guanajuato y Querétaro.
Peritos de la dependencia continúan trabajando en las zonas afectadas, tanto de Celaya y Salamanca, en Guanajuato, como en los ductos de Querétaro.
Desde el pasado martes, la PGR informó que los primeros resultados periciales indican que las explosiones se registraron fuera de los ductos, simultáneamente y bajo un mismo patrón técnico.
Ello indicaría, en una primera instancia y sin que se finalicen los estudios determinados por el Agente del Ministerio Público de la Federación, que fueron provocados intencionalmente.
- Claves
¿Dónde están?
El EPR reivindicó las explosiones de gasoductos de Guanajuato y Querétaro, del 5 y 10 de julio, respectivamente.
El grupo aseguró que estas acciones de hostigamiento no terminarán hasta que el gobierno de Felipe Calderón presente con vida a dos de sus miembros, quienes desaparecieron de Oaxaca el 25 de mayo pasado.
La guerrilla asegura que los desaparecidos fueron retenidos y torturados, hasta fracturarlos, durante diez días por la Procuraduría de Oaxaca.