Indocumentados en México. Foto: Archivo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la pena de hecho a 16 años de prisión a los culpables del delito de tráfico de indocumentados, debido a que este ilícito afecta diversos bienes jurídicos.

La Primera Sala de la Corte validó el articulo 138 de la Ley General de Población vigente en 2010, que sanciona con ocho a 16 años de prisión y multa de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo a quien por sí mismo o por interpósita persona cometa el delito de tráfico de
indocumentados.

Los ministros de esa sala precisaron que además de controlar los flujos migratorios, esta norma también protege otros bienes jurídicos como la salud pública, los derechos humanos de los migrantes y el respeto al orden jurídico y seguridad nacional.

En la sesión de ayer, la primera sala negó un amparo a una persona que reclamó la inconstitucionalidad de esta ley debido a que fija una sanción mínima para quien cometa este delito, lo que consideró es una pena desproporcional, pues a su parecer no guarda relación con el bien jurídico que se protege como lo es control de flujos migratorios.

No obstante, los ministros puntualizaron que esta ley no afecta el principio de proporcionalidad entre el delito y la pena, pues como antes se mencionó no sólo protege el control de la migración, sino otros aspectos relacionados con el orden jurídico y la seguridad nacional.

Subrayaron que el legislativo, al emitir esta norma buscó la protección de los derechos fundamentales de los inmigrantes ilegales debido a las condiciones en que son introducidos a Estados Unidos y las situaciones de peligro que esto implica.

Asimismo, resaltaron que el fenómeno migratorio en el país cobra cada día mayor importancia, pues incide en el comercio exterior, en el turismo, la política internacional, la captación de divisas, la seguridad nacional así como en el desarrollo social y económico del país.

Claves

Admiten trámite

• El ministro de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la procuradora general de la República, Marisela Morales, contra la Ley de Ingresos del estado de Puebla.

• La norma obliga a la ciudadanía a pagar 80 pesos por cada copia que se les entregue cuando hacen peticiones sobre el gasto público del estado, situación que “limita el acceso a la información”, dijo.