Foto: Gabriela Martínez

El secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, deslindó al gobierno del estado de la aprobación de la Ley de Ingresos 2012, y sostuvo que sólo corresponderá al Congreso local definir si es necesario modificar los artículos 73 y 76 que, a decir del IFAI, violenta el acceso a la información pública.

Por su parte, el capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), lamentó que “el gobierno de la alternancia” no eliminara el cobro de las copias certificadas, lo que se interpreta como un tipo de candados impuestos desde 2009 por la administración de Mario Marín.

En entrevista, Manzanilla Prieto, admitió que con los 80 pesos contemplados en la Ley de Ingresos se busca inhibir las solicitudes de información “porque hay gente, grupos y organizaciones que se dedican simplemente a estar haciendo solicitudes de información sin realmente requerirla, y eso implica un costo para el Estado”.

No obstante, insistió en que no se atenta contra la transparencia en Puebla, y rechazó que la postura del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para promover la inconstitucionalidad de dicha ley sea un revés para el gobierno de Rafael Moreno Valle. “Finalmente proviene de la iniciativa de Ley de Ingresos que se aprueba dentro del Congreso (…) pero se tienen que tomar en cuenta todas las observaciones y, en dado caso, si podemos mejorar en cosas, pues tendremos que hacerlo”, señaló.

En tanto, a través de un comunicado, la AMEDI insistió en que la determinación de los diputados obstaculiza la información relativa al gasto público, además de que el costo de las copias certificadas en Puebla es uno de los más elevados del país.

También lamentó las declaraciones del legislador José Luis Márquez Martínez, quien consideró que la información pública solicitada se utiliza para desacreditar el trabajo de gobierno. “El diputado del PRI exhibe su desconocimiento de lo establecido por el artículo 6º de la Constitución (…) el uso que se le dé a la información no deben ser motivo de obstrucción alguna”, cita el documento.