En lugar de que los gobiernos del Distrito Federal y el estado de México diseñaran con toda oportunidad un programa metropolitano para hacer frente a la inminente clausura del Bordo Poniente, uno de los tiraderos de basura al aire libre más grandes del mundo, tomaron decisiones precipitadas y ominosas. En principio, clausurar el Bordo Poniente, y canalizar buena parte de los deshechos que ahí se depositaban al reciclaje, la elaboración de composta, y el aprovechamiento energético de los mismos, es un objetivo encomiable para proteger el medio ambiente y la salud en la capital de la República. No obstante, la negligencia que les impidió prever donde depositar 2 mil 600 toneladas de basura -de las más de 12 mil 600 que se tiraban a diario en el Bordo- abrió el paso a un episodio lamentable cuyas peores implicaciones están aún por verse. No obstante el clamor de cientos de miles de mexiquenses, cansados de vivir en áreas aledañas a tiraderos que a todas luces violan las normas oficiales, el Gobierno del estado de México autorizó que los desechos del Distrito Federal se depositaran en los tiraderos de Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Xonacatlán.

Para tomar esta decisión el Gobernador Eruviel Ávila no consultó a las autoridades municipales –precisamente las encargadas de este rubro- ni se ocupó de analizar, entre otros elementos, el previsible impacto ambiental y el deterioro de los rellenos sanitarios que operan esas demarcaciones. Tampoco se ocupó de informar qué tipo de apoyos estarían recibiendo las comunidades afectadas, qué medidas se tomarían para evitar que la sobreutilización de los rellenos sanitarios –su vida útil tan sólo se extiende por ocho años según la opinión de expertos- y tiraderos provoque la propagación de enfermedades, qué clase de programas se implementarían para impedir daños irreversibles a las aguas subterráneas y mantos acuíferos del estado así como qué acciones se adoptarían para la preservación del equilibrio ecológico. Por un lado, está claro que 2 mil 600 toneladas diarias de basura –repartidas caprichosamente entre estos cuatro rellenos sanitarios- rebasa por mucho la capacidad real de operación de los mismos. Por el otro, que si no se toman pronto medidas de contención, los deshechos cumplirán su periodo de descomposición cerca de espacios habitacionales provocando toda clase de efectos negativos para la salud especialmente para las personas de la tercera edad y los niños pequeños. Por ello el miércoles pasado presente un exhorto, que fue aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, al Gobierno del estado de México para que establezca nuevos rellenos sanitarios, observe escrupulosamente las normas ambientales y de protección de la salud pública en la operación de los mismos y diseñe un programa de compensación a las comunidades afectadas. Además, le solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizar una inspección a fin de evaluar la observación de estas normas durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal.

No obstante, esta actitud poco solidaria de parte de nuestros vecinos metropolitanos y al mismo tiempo negligente de parte de nuestras autoridades, tiene otro botón de muestra. Mientras el estado de México envía agua al Distrito Federal a través del sistema Cutzamala –aproximadamente nueve mil litros por segundo, el Distrito Federal nos devuelve basura. En definitiva, esta situación es ya insostenible y exige un nuevo entendimiento para resolver, de manera equitativa, justa y transparente, los problemas comunes de la zona metropolitana.