De 2002, que entró en vigor la primera Ley de Transparencia en México, con la aportación de Jalisco, a la fecha, se ha avanzado mucho en materia legislativa: principios y marcos jurídicos cada día más armónicos y precisos, incluso se han desarrollado herramientas tecnológicas, como Infomex, que acercan y hacen práctico el ejercicio de este derecho mediante solicitudes. Claro, esto no niega claros estancamientos y retrocesos en que han caído algunos estados.

Ante un panorama de luces y sombras en materia de transparencia y acceso a la información, la cultura de este derecho se ha mantenido en el discurso político rentable y en el círculo rojo de “iniciados”, pues la información más disponible en portales gubernamentales requiere de una capacitación y desarrollo de habilidades para hacer uso efectivo y directo de ella.

Pero esto no niega que la existencia de una herramienta que haga efectivo el ejercicio de este derecho, hace temblar a más de un funcionario y servidor público, pues sabe que ahora con leyes de transparencia estará más expuesto a la observación de lo que decida y haga en el ejercicio de sus funciones. Aun así, estimo que nos ha faltado dar un paso crucial en materia de transparencia y acceso a la información: construcción de entidades públicas abiertas desde adentro, desde su naturaleza y estructura, de tal forma que se sienten las bases para una nueva cultura del ejercicio de la función pública.

Las leyes de transparencia han resultado, en la práctica, un chipote en las estructuras públicas, propiciando tensiones internas y externas, ante los ciudadanos y ante los órganos garantes. ¿Por qué este tipo de chipotes? Por una simple razón: las normas que estructuran y hacen operantes a las entidades públicas no se han movido ni una coma para adecuarlas a los principios de transparencia y acceso a la información. Los marcos jurídicos, así como sus reglamentos, se mantienen bajo principios y estructuras de “gobiernos cerrados”, que ante una norma como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información son ajenos y antitéticos.

El paso siguiente, en materia de transparencia, está en adecuar leyes orgánicas y reglamentos a los principios constitucionales del acceso a la información y que en la práctica implicaría la construcción de gobiernos y entidades públicas abiertas.