La fe pública, a prueba
PUEBLA HOY
Fernando A. Crisanto
La información es la mejor respuesta a los rumores y los mitos urbanos, más aún cuando lo que ha abundado en las últimas semanas en la escena política local son las diatribas y las acusaciones sin pruebas.
Ayer, minutos después de las tres de la tarde la secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que da la lista completa de los 35 abogados poblanos que se inscribieron en busca de una de las nueve notarías que están vacantes y muchos de los nombres que trascendieron días antes simplemente no aparecieron ahí.
Destaca la ausencia de Javier López Zavala, quien desde el domingo pasado le comentó al bien informado Mario Alberto Mejía que no se había inscrito, seguramente porque lo suyo es la política y no la fe pública, que indirectamente lo haría depender del futuro gobernador poblano y ese no es el juego al que pretenda entrar.
Por años, la asignación de estos cargos se debió a la discreción del jefe del Ejecutivo en turno pero hubo presiones y decisiones políticas para cambiar la ley del notariado y entrar a un ejercicio abierto en el que se lanza una convocatoria y se realiza todo un proceso que tiene como parte significativa que sea una designación en que los aspirantes compitan.
En la lista dada a conocer ayer y es la oficial hay funcionarios públicos, actuales notarios auxiliares, diputados locales y federales y aspirantes que se asumen con derecho, algunos incluso no tienen amarres políticos en el primer nivel que parece ser un requisito no escrito para ser beneficiado.
Para este año son nueve las notarías que se asignarán y al quedar fuera personajes como López Zavala y Valentín Meneses no será extraño que se declare desierta casi la mitad por diversas razones, algunas de ellas porque los aspirantes no cumplen cabalmente con los requisitos.
Como nunca antes la designación ha despertado el interés de muchos más poblanos que los postulantes y por ello los integrantes del comité de selección –notarios establecidos y funcionaros de Gobernación- deberán ser muy escrupulosos en sus evaluaciones y sus resultados contar con la credibilidad entre la misma sociedad a riesgo de que se considere una imposición y a ellos comparsas.
Los futuros fedatarios deberán, por lo mismo, cumplir cabalmente con la legalidad establecida y la legitimidad de un proceso convalidado por la opinión pública. Son tiempos nuevos, si así lo entienden los responsables de la asignación los caprichos y compromisos personales serán superados.
Esta columna volverá a publicarse el próximo 13 de septiembre. Gracias.


